Mientras que la Alcaldía de Floridablanca defiende la legalidad del nuevo POT, dos de los principales expertos en planificación urbana del país explicaron por qué el paso de uso de suelo rural a urbano en Ruitoque Alto no está ajustado a la ley.
Exfuncionarios, constructores y propietarios revelaron cómo se habría negociado la nueva hoja de ruta del urbanismo del municipio.
Hace tan solo dos semanas el Concejo de Floridablanca aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de segunda generación de ese municipio, en medio de un intenso debate donde estuvo a punto de hundirse la iniciativa y donde hubo denuncias de parte y parte de pago de sobornos y supuestos intereses para favorecer a políticos y a ciertas constructoras.
Si bien el documento adopta medidas positivas como la legalización de 15 barrios, la salida de empresas del casco urbano en un plazo de tres años y la restricción para construir en altura en ciertas zonas donde las vías son limitadas, los expertos, incluido Camacol, afirman que algunos cambios del uso de suelo no tienen ninguna lógica desde el punto de vista técnico y jurídico.
Esto es lo que ocurre en algunas zonas de Ruitoque Alto, que pasaron de ser rurales a urbanas, lo que les otorga hoy la posibilidad de construir edificaciones de hasta seis pisos, saltándose así clasificaciones intermedias como el de expansión urbana.
Para entender un poco este embrollo técnico, hay que explicar que para que un suelo llegue a ser urbano, debe haber recorrido un camino de desarrollo, basado en la planeación de un municipio.
La Alcaldía de Florida, en cabeza de Héctor Mantilla, afirma que este cambio de uso de suelo es permitido por la Ley, pues en esa zona “hay perímetro de disponibilidad de servicios públicos”. La misma respuesta da Fredy Anaya: “Se puede hacer el cambio, si tiene los servicios”.
Vanguardia liberal consultó con 3 expertos en planeación y ordenamiento territorial respecto al paso directo de suelo rural a urbano. Todos coinciden en que este cambio sólo se puede dar en casos excepcionales.
Uno de los terrenos beneficiados con el cambio de uso de suelo, llamado ‘Peñitas’, es propiedad de Nubia López Morales (esposa de Fredy Anaya), Casai SAS, Lucy Patricia Herrera (exesposa del exgobernador Mario Camacho Prada y hoy esposa de Daniel Arenas) y Édgar Andrés Gómez Moreno, hijo del congresista Édgar ‘El Pote ‘Gómez.
Casai SAS tiene además otros tres terrenos, cuya propiedad comparte con Amira Odeh Vera. Uno de ellos, llamado ‘Pioresnada’, colinda con ‘Peñitas’ y juntos suman un área donde hay espacio para construir cerca de 1.700 apartamentos.
Miller Castaño, dueño de Casai, no solo es un amigo cercano de Fredy Anaya, también es propietario de Petrolabin, una de las empresas que se ganó la licitación para el intercambiador de Fátima, que licitó la Alcaldía de Floridablanca.
Amira Odeh, por su parte, se ha quedado con cuatro contratos de la Cdmb en los últimos años para el suministro de material vegetal y el funcionamiento de los viveros. Con el Municipio de Floridablanca este año contrató, en proceso de único proponente, la compra e instalación de aires acondicionados y el mantenimiento de los mismos.
El Alcalde Mantilla aseguró que no se puede satanizar el POT por un predio que favorece al círculo cercano a Fredy Anaya e indicó que fue una coincidencia: “No puedo desconocer que es alguien a quien estimo y es mi amigo, pero no soy su súbdito político.
Ni soy jefe de él, ni él es jefe mío, ni mucho menos me he prestado o él me ha pedido que haga algo ilegal”.
En gracia de discusión, si se aceptara que basta la disponibilidad de servicios públicos para hacer el cambio del uso de suelo, no hay explicación de por qué el predio llamado “Jéricó”, que se encuentra entre Ruitoque Condominio y el predio ‘Peñitas’, de propiedad de la esposa y los amigos de Anaya, pasó de rural a expansión urbana, a pesar de estar exactamente en las mismas condiciones y perímetro de sus vecinos.
“Fredy Anaya es el dueño del POT de Floridablanca, eso dicen todos. ¡No tengo nada que ver con eso, pero nada es nada!”, afirma con vehemencia el exrepresentante a la Cámara, quien argumenta que quienes lo acusan de ser parte de la negociación del POT lo hacen solo porque su esposa, la hoy congresista Nubia López, es dueña del 25% de uno de los lotes que pasó de ser rural a urbano.
Pero una cosa distinta afirma un alto funcionario de ese municipio que conoce muy bien cómo se gestionan los suelos y que aceptó hablar con la Unidad Investigativa bajo el compromiso de reservar su identidad (al igual que dos expertos más en ordenamiento):
“Héctor Mantilla es el socio de Fredy. En Floridablanca no se mueve nada sin el visto bueno de Fredy Anaya”, y continúa: “Claro que sí negociaron el POT, todo pasa por esos dos a través del filtro de Emma”.
A quien se refiere el funcionario es a Emma Lucía Blanco, la actual secretaria de Planeación del municipio, y quien fue designada por el alcalde Mantilla para diseñar el nuevo POT.
Según cuenta el anterior alcalde Carlos Roberto Ávila, el dejó el POT listo para aprobar en 2016 y no se explica por qué su sucesor ordenó revisar el proceso y retrasó 2 años y 8 meses la llegada del proyecto al Concejo.
Por eso, Mantilla afirma que para evitar esas ‘vagabunderías’ y rediseñar el POT nombró a Emma Blanco, a quien defiende como la más idónea en temas de ordenamiento territorial. Niega que esta funcionaria sea cuota de Anaya, como señalan funcionarios de Florida, y asegura que él no tiene “ningún vínculo personal, familiar o comercial con Anaya”.
No obstante, Anaya afirma otra cosa: “Tengo buena relación con el Alcalde de Florida. Lo ayudé a elegir... Yo le ayudé en la campaña. Políticamente le ayudé a estructurar la campaña, porque tengo una gran relación de muchísimos años con su familia.. Cuando yo aspiré a la Cámara, Héctor me ayudó. Cuando vino el episodio de la alcaldía, yo le dije a Héctor, yo no quiero meterme más en esta cosa, aspire usted. Yo le ayudo”.
Cabe destacar que la esposa de Mantilla, Daniela Mecón, es asesora en el Congreso de Nubia López.
El POT que se aprobó el 24 de septiembre es clave para el desarrollo urbano de Floridablanca, porque determina las directrices de cómo se urbanizará el municipio en los próximos 12 años. Pero no solo por medio del POT se habilitan los usos del suelo.
A través de los llamados “planes parciales” es que se llevan a cabo los desarrollos urbanísticos en los suelos considerados de expansión urbana. Estos planes parciales, al igual que el POT, necesitan el visto bueno de dos entidades: el municipio y la Cdmb.
Según los dos expertos que aceptaron hablar bajo anonimato con la Unidad Investigativa, estos planes parciales también son objeto de negociación: “Emma está en Planeación. Si alguien necesita un plan parcial, ella lo hace, pero como no puede firmar porque aparece como Secretaria, pone a una arquitecta. Luego se lo pasa a Ibeth y ganan las dos”, asegura un ingeniero que trabajó en la Cdmb muchos años. La persona a quien identifica como Ibeth es Ibeth Suárez, la esposa del actual director de la Cdmb, Martín Camilo Carvajal.
Al igual que este ingeniero, una arquitecta que también se dedica a temas de desarrollo urbano asegura que cuando una persona quiere cambiar el uso del suelo, debe trabajar con Emma Blanco, quien elabora los proyectos que requieren el visto bueno de su Secretaría, e Ibeth Suárez, quien es la encargada de tramitar los permisos ambientales.
Todo, según dice, bajo la batuta de Anaya.
María Teresa Rojas es quien aparece firmando como la profesional que proyectó la aprobación del POT de Florida por parte de la Cdmb. Esta información la ratifica la arquitecta. “En la corporación es donde entra Ibeth. Cuando los proyectos llegan ella, les dice a los dueños de los predios que les saca eso rápido, porque es la esposa del Director”.
Ambos afirman que tales negociaciones se llevan a cabo en la oficina 541 de la torre 2 del Centro de Negocios Natura, en el Anillo Vial. Al acudir a esta oficina y preguntar quiénes son sus dueños, responden: “esa es la oficina de la doctora Ibeth Suárez y el ingeniero Carvajal”.
Ibeth Suárez fue parte de la nómina de asesores de Fredy Anaya en el Congreso (conocida como Unidad de Trabajo Legislativo). “La metí de UTL, porque es la esposa de mi amigo y no tenía trabajo. ¿Usted no nombra a los amigos?”, responde Anaya.
No obstante, otra cosa afirman los expertos en urbanismo local: “Fredy tiene total influencia en la Cdmb. Él manda sobre el Director, se colocan las fichas de acuerdo a lo que necesite”, asegura el ingeniero. El alto funcionario de Floridablanca es más categórico: “Martín Camilo solo obedece lo que le manda Fredy”.
Según coinciden el ingeniero y la arquitecta, una vez se identifica un predio sobre el que se quiere hacer el cambio de uso de suelo, se acude a Gilberto López, un experto topógrafo, para que realice la cartografía y demás documentos técnicos, junto a Emma Lucía, y luego son llevados donde Ibeth Suárez.
Una vez revisada la viabilidad del cambio de la clasificación del suelo, se debe pagar el 10% de la diferencia del valor del suelo o entregar el 10% del lote. La historia de Unitransa parece confirmar esta versión.
El 22 de agosto de 2016, el entonces presidente de la empresa de Transporte Unitransa, José Santos Pinilla, y la empresa Spazios Urbanos firmaron un contrato que tiene como objeto: “...llevar a cabo el trámite que permita el cambio del uso del suelo de un lote, identificado con la matrícula inmobiliaria número 300-301711”. Y establece como pago por este cambio “el 10% del área del lote al que se le modifique el uso del suelo”.
Según contó un socio de Unitransa, este contrato se firmó por sugerencia de Pedro José Oróstegui, el abogado de la transportadora, quien es cuñado de Fredy Anaya. “En marzo de 2016, llamaron a los directivos a una reunión en La Carreta... La reunión la citó el gerente Pinilla, el asesor jurídico (Oróstegui) y Fredy Cubides... Allí dijeron que el Concejo de Florida se reunía en 15 días.... ellos habían averiguado que el lote no cumplía con los requisitos para construir la estación de servicios que queríamos hacer, por eso tenían que hacerle el cambio de uso de suelos... dijeron que había una empresa buenísima, que ya había hecho varios trámites similares, que garantizaba que el Concejo les iba a habilitar el uso del suelo en el nuevo POT”.
Por hacer esto, Spazios Urbanos pidió $1.600 millones. Como no podían pagar esa suma, los directivos aceptaron entregar el 10% del terreno.
Oróstegui también es el representante legal de Polo Construcciones, una de las empresas de Fredy Anaya, y contratista de la Cdmb. Además, fue uno de los aportantes a la campaña de la representante Nubia López.
“La plusvalía que iba a tener ese lote era inmensa, quedaba valiendo como $20.000 millones y meterle $1.600 millones, pues era el negociazo... y si el abogado decía que sí, todo el mundo confiaba...”, cuenta el socio de Unitransa. Pero pasó el tiempo y el contrato no se ejecutaba.
Ante la demora, varios socios empezaron a investigar y encontraron que Spazios Urbanos operaba en el mismo edificio donde están las empresas de Fredy Anaya. Al ver esta relación pidieron rescindir el contrato. Finalmente, en mayo de este año, se echó para atrás el negocio.
El actual representante legal de Spazios Urbanos es Luis Carlos Flórez Pedraza, también aportante de la campaña de Nubia López.
La Unidad Investigativa intentó hablar con Emma Blanco e Ibeth Suárez, pero no atendieron las llamadas. Miller Castaño dijo que no podía hablar porque estaba ocupado en varias reuniones. Amira Odeh, por su parte, reconoció que tiene predios en el sector, pero dijo que los compró hace muchos años por inversión y desconocía que se beneficiaban con el POT: “ustedes me están enterando de todo, del cambio del uso”.
“Con Spazios Urbanos no es que yo tenga relación. Los hijos de unos amigos míos son los dueños”, afirma Anaya. Esta empresa fue creada en el 2014 por Gustavo Enrique Caballero, cuñado de William Anaya, hermano de Fredy, bajo el nombre de Pravda.
Luego cambió su denominación y en 2015 Kelly Johana Rodríguez Morales se convirtió en la dueña y representante legal y emitió 500 acciones. Estas fueron adquiridas por Juan Sebastián y Camilo Andrés Castaño Sáiz (menor de edad), hijos de Miller Castaño Padilla, y Daniel Mauricio Moreno Godoy (menor de edad), hijo de Óscar Mauricio Moreno. Ambos son los amigos más cercanos del círculo de Fredy Anaya.
Juan Sebastián Castaño incluso fue asesor de Anaya en el Congreso y hoy lo es de Nubia López. Miller Castaño, su papá, es también el representante de Casai, dueño de cuatro predios que pasaron de ser rurales a urbanos con la aprobación del POT (matrículas inmobiliarias 300-68160, 300-68165, 300-228493 y 300-228497). Castaño es vecino de casa de donde viven Fredy Anaya y su esposa Nubia López.
El lunes 24 de septiembre, día de la votación del POT, cuatro concejalas se ausentaron. Claudia Hernández se recuperaba de una cirugía. Marlene Rincón y Consuelo Galvis no asistieron, argumentando estar enfermas. Liliana Mendoza llegó, dijo que tenía una cita médica y nunca volvió.
Al final, seis concejales se opusieron a la aprobación del POT de Floridablanca y nueve lo aprobaron.
Los que se opusieron fueron Walter Durán, Alfredo Tarazona, Andrés Ardila, Juan Ángel Triana, José Fernando Sánchez Carvajal y José Alexánder Esparza.
Los concejales que votaron afirmativamente fueron Nicanor Vera, Nelson Espitia, Marcos Olarte, Jorge Pinzón, Jorge Durán, Néstor Bohórquez Meza, Salvador Molina, Guillermo González y Édgar Gómez.
Un concejal le afirmó a uno de los expertos en este tema que recibió una llamada y le ofrecieron $150 millones por el voto. La información la reitera el alto funcionario de Floridablanca, quien cuenta que un concejal lo llamó y le dijo que no sabía qué hacer pues le estaban ofreciendo $100 millones. Otro de los cabildantes que votó afirmativo dice: “Eso sí se rumora, que se ofreció esa plata, pero yo no puedo decir que sí, a mí no me ofrecieron nada”.
La Unidad Investigativa no pudo confirmar ni desmentir si en efecto se hicieron estos pagos a concejales para influenciar su voto en el debate final del POT. Lo cierto es que hacia el mediodía del 24 de septiembre, el Concejo aprobó el POT de Floridablanca, y a pesar de las observaciones hechas por Camacol de la imposibilidad técnica de volver suelos rurales urbanos, esos lotes hoy están habilitados para construir edificios de hasta seis pisos.
Esos suelos pasaron de valer un promedio de $140.000 por metro cuadrado a $1’070.000. Es decir, solo con la aprobación del POT su valor se multiplicó por siete. María Mercedes Maldonado dice que en casos extremos la valorización puede incrementarse hasta 50 o 100 veces.
¡Todo un milagro!
