jueves 13 de mayo de 2010 - 10:00 AM

Cae un alférez que al parecer le pidió dinero a un taxista

Un alférez de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga fue capturado por la Policía ayer en horas de la mañana, en la calle 50 con carrera 23, al parecer por pedirle la ‘mordida’ a un taxista que no llevaba los documentos en regla.

El escandaloso hecho ocurrió, dice la Policía, cuando al parecer un alférez presuntamente le exigió a un taxista que le diera $80 mil a cambio de no hacerle un comparendo por no tener los documentos al día. 'Una patrulla de la Policía que pasaba por el sector fue informada de la situación y en cumplimiento de la Ley, capturan al alférez quien quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de concusión', indicó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel José Javier Vivas Báez.

Tras ser capturado el alférez fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, URI, para luego ser presentado en audiencia pública en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, ante un juez de control de garantías.

Durante el ‘cara a cara’ con el juez, el alférez se declaró inocente y rechazó los cargos que por el delito de concusión le imputó la Fiscalía.

Tras una acalorada audiencia, el juez resolvió dictar contra el alférez medida de aseguramiento domiciliaria, es decir, lo mandaron para la casa donde tendrá que estar mientras continúa el proceso investigativo.

Ante tamaño escándalo, el Comandante de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga,  Gerardo Hernández, se mostró consternado: 'Como comandante de Tránsito y Transporte repudio este hecho pues no cabe dentro de la responsabilidad y ética de nuestros funcionarios.

Nuestra institución respeta la normatividad y la Ley, si el alférez tiene responsabilidad será suspendido inmediatamente de su cargo'.


•    Concusión: El artículo 404 del Código Penal señala con relación al delito de concusión que el servidor público que, abusando de su cargo o de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer dinero, incurrirá en prisión de seis a diez años y una multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco a ocho años.

 

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