domingo 26 de octubre de 2008 - 10:00 AM

La larga espera para identificar a un desaparecido

A finales de septiembre de este año la Fiscalía reportó el hallazgo de los restos de 12 personas, asesinadas en 2003 por grupos paramilitares en la provincia santandereana de García Rovira.

Según el reporte, los restos corresponden a nueve hombres, dos mujeres y un niño hallados en nueve fosas comunes en los municipios de Málaga, San José de Miranda, Capitanejo, Macaravita y San Miguel.

La búsqueda duró seis días y pudo realizarse con la información suministrada por desmovilizados del frente Patriotas de Málaga, del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.

Para muchos, este hallazgo puede suponer el final del duelo de los familiares de las 12 víctimas. Sin embargo la espera, que ya completa cinco años, se alargará por cuenta de otra: los resultados de la prueba de ADN para certificar la identidad de los restos.

Se confía que el cotejo entre el ADN de los familiares y las víctimas sea positivo, pero los fiscales, los antropólogos forenses, los investigadores y los mismos familiares han aprendido que nada es seguro en esta búsqueda.

Hasta el momento, en Santander la Fiscalía ha entregado cinco restos identificados en su totalidad, de un grupo que supera el medio centenar de exhumaciones dentro del marco de Justicia y Paz. Una cifra que parece minúscula.

Incluso los resultados de ADN de una de estas entregas se demoraron diez meses. Esto ocurrió con los restos de Álvaro Garrido, una de las primeras víctimas que han sido identificadas a plenitud en Santander, y cuyos restos al fin reposan en un camposanto en Barrancabermeja.

Según su esposa, luego de su desaparición el 29 de septiembre de 2000, sólo se supo en una ocasión de este comerciante que partió de Bucaramanga a Saravena (Arauca). Fue una llamada anónima a los 15 días.

La siguiente noticia fue en noviembre de 2007, cuando la Fiscalía llamó a los familiares de Garrido para avisarles que había encontrado en Arauca una fosa con dos cuerpos. Tomaron las pruebas de sangre para hacer el cotejo genético con los restos óseos y el 19 de agosto de este año, exactamente 2.911 días después de su desaparición, fue entregado en un cofre que lleva su nombre.
La pregunta es: ¿por qué tanta demora?

Antes y después de la exhumación

Desde septiembre de 2007 la sub Unidad de Apoyo de Búsqueda de Desaparecidos de Justicia y Paz es la que realiza las exhumaciones en todo el país, y se encarga de entregarles los restos a los familiares de las víctimas del conflicto. Sin embargo, lograr que las exhumaciones lleguen a buen término es un proceso dispendioso y no sólo por el volumen de víctimas.

Segundo Isidro González, fiscal de Justicia y Paz encargado de las exhumaciones en Santander, parte del sur del Cesar, sur de Norte de Santander, sur de Bolívar y parte del norte de Boyacá, afirma que hay un largo trecho desde el momento en que la Fiscalía recibe información sobre una fosa, hasta encontrarla.
 
'Una vez el versionado indica los lugares donde están presuntamente sus víctimas, se inicia una investigación para establecer a quién se va a buscar, con el fin de hacer contacto con los familiares y acelerar el proceso'.

Si se identifica el sitio, y 'si es posible las coordenadas', se prepara un equipo para realizar las exhumaciones. Es obligatorio hacer el desplazamiento con un grupo de criminalística de la Policía Judicial (un antropólogo, un topógrafo, un fotógrafo y un auxiliar de campo). Colaboran el CTI, la DIJIN y un equipo del DAS.

Sin embargo el éxito de la búsqueda es una lotería. 'Ellos (desmovilizados) recuerdan a quién fue que asesinaron, el problema es que la ubicación de la fosa se dificulta, porque el tiempo ha pasado y el terreno ha cambiado', explica el Fiscal.

Cuando se logra encontrar las fosas, los restos se trasladan a los laboratorios del CTI o de Medicina Legal, luego de levantar un acta con un inventario detallado de prendas, elementos como proyectiles, calzado, collares, etc. Si se cuenta con información de los familiares, 'de una vez se toma la muestra para cotejo genético de ADN', pero si no se tiene, identificar los restos será un problema mayor.

'Los fiscales deben hacer investigación en las zonas, pero hay dificultad, porque a muchas de las víctimas las trasladaron de un lugar a otro', aclara.

Lo cierto es que 'siempre va a haber una duda hasta que se practique el cotejo (de ADN)', dice el Fiscal, y explica que en la actualidad se están haciendo jornadas de atención integral a víctimas, para fortalecer la credibilidad en el proceso de Justicia y Paz.

La prueba genética


Lo que sigue a una exhumación no es la prueba genética. El Instituto de Medicina Legal tiene una base nacional de datos llamada SIRDEC (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres), donde están todos los datos de los desaparecidos en Colombia, con los cuales se cotejan los restos exhumados.

'De allí salen unos posibles casos que son compatibles con los restos hallados. Si no hay coincidencias, ahí sí se pasa a hacer el examen de ADN', explica Jorge Humberto Rueda, Director Seccional de Medicina Legal.

'Es muy difícil en Colombia identificar restos óseos por la cantidad de casos que hay, y eso se debe al costo que tiene cada prueba de ADN. Son muy costosas, porque son muy costosos los equipos y el Estado no tiene para invertir', dice Rueda.

Según el funcionario, una prueba podría costar entre 200 y 500 mil pesos (por cada muestra que se tome). El problema es que para la identificación de una persona se necesitan varias muestras, y es ahí donde hay que empezar a multiplicar. Se necesita hacer primero un barrido de comparación con los posibles casos que tiene Medicina Legal, y luego, cuando se han encontrado los familiares, hay que comparar entre varios de ellos y el cadáver. 'Se pueden sacar 5 y hasta 10 pruebas para dar un resultado efectivo', explica Rueda.

Y contrario a lo que podría pensarse, aunque las muestras de sangre se toman en cualquiera de las seccionales de Medicina Legal del país, es en Bogotá donde se realiza la prueba como tal, y allí hacen fila, esperando por un solo equipo, todas las muestras para ser cotejadas. 'Sí, se tiene un solo equipo donde se hacen todos los exámenes forenses del país que son legales y por los que no se cobra nada'.

La demora también depende del tipo de elemento con el que se trabaje. Si se tiene sangre, los resultados de la prueba se demoran entre 8 y 10 días, pero si es con huesos, el proceso se alarga entre 15 y 20 días. 'Hay restos tan deteriorados que casi pueden desmoronarse por el grado de descomposición, eso retrasa el proceso hasta un mes. Y si hay contaminación, -a veces salen dos o más tipos de ADN en una prueba-, es un problema aún más grande'.

Pero hay algo más. A la larga fila se suman los 'casos prioritarios', como por ejemplo el de Enmanuel, el hijo de Clara Rojas secuestrada por las Farc o el de Carlos Castaño, ex jefe de las Autodefensas, casos a los que el Estado les dio tanta celeridad, que el país supo los resultados en menos de una semana.
¿Por qué?

'Saber si Enmanuel era el hijo de Clara, era relevante para la seguridad del Estado y se tomó la decisión de hacerlo (la prueba de ADN) prioritariamente', explica el funcionario de Medicina Legal. Así que de forma literal, los ‘casos prioritarios’ pasan al comienzo de la larga fila y se frenan los demás que, por supuesto, deben esperar su turno.

EL DESCONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS

El fiscal Segundo González afirma que dentro del proceso de Justicia y Paz, se presume que se han encontrado los restos de 14 de los 25 desaparecidos del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, considerada una de las mayores masacres en Santander. Estos están en proceso de identificación. 'Ya se realizaron las pruebas de ADN a los familiares. Falta encontrar los restos para realizar el cotejo genético', dice González.

Y aunque el Fiscal aclara que Justicia y Paz informa a los familiares sobre las búsquedas de las fosas, los familiares de los desaparecidos del 16 de mayo de 1998 niegan que esto haya sucedido.

Según Jaime Peña, padre de Jaime Yesid Peña, uno de los 25 desaparecidos, ni la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, ni la de Justicia y Paz, les han informado sobre la búsqueda y los hallazgos de sus familiares. 'Nos enteramos por los medios cada vez que encuentran una fosa. Ya se hizo una petición para que los primeros en saberlo fuéramos los familiares. La prensa es la que llama a preguntar qué sabemos y desafortunadamente, no sabemos nada', dijo.

Incluso, la toma de las pruebas de ADN a estas familias se dio luego de que el 26 de septiembre de 2007, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía encontró en la vereda Mata de Plátano, del municipio de Sabana de Torres, seis fosas con igual número de restos óseos que, se presume, podrían corresponder a la masacre.

'Ellos vinieron a mostrarnos unos videos donde supuestamente, por información que tenía la Fiscalía y coincidencias con los informes que nosotros mismos habíamos presentado, se asumía que podían ser los restos de nuestros familiares. Pero nosotros no lo aceptamos sin el respaldo de una prueba científica, por eso pedimos las pruebas de ADN', explico Jaime Peña.

Las pruebas se realizaron el 28 de enero de este año y los familiares están a la espera. 'El Director de Medicina Legal nos dijo que necesitarían 6 meses para dar los resultados. Lo más cruel es que se cumplió esa fecha y ya nos dijeron que van a necesitar 6 meses más'.

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