Comprometidos con la verdad
Le llamaban el “Viernes Negro”. Los paramilitares salían en la noche a recorrer las calles de Barrancabermeja porque era el momento, decían, de acabar con los violadores, ladrones... Y maricas.
Como si fuera lo mismo. Y no lo es.
“Buenas tardes, mi nombre es Yesaira Torres, líder trans de la comunidad Lgbtiq+ y hago parte de la Plataforma de la Diversidad sexual y de género en Barrancabermeja”, explica cuando se presenta con Vanguardia para hablar sobre su caso.
“Nos tocaba reunirnos con los comandantes para que, por favor, no nos metieran a nosotros, que no estamos cometiendo ningún delito, solamente servir a la sociedad”, cuenta.
Muchas personas transgénero, principalmente mujeres, presionadas por la discriminación social, elegían oficios como la peluquería, de manera que pudieran expresar un poco más libremente, entre comillas, su orientación sexual.
de los hechos violentos tuvieron como responsable a los paramilitares; el 30,2% a las Farc-Ep, mientras que 8,1% a instituciones estatales. Pero la cifra de cada uno podría ser más alta porque el 20,7% de los hechos no tiene un actor claro identificado.
En Barrancabermeja operaban las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar, Ausac, causantes de la masacre del 16 de mayo de 1998.
Las víctimas Lgbtiq, invisibles, víctimas de la guerra y el temor, resistían solas, repudiadas en muchas ocasiones incluso por sus familias y la comunidad.
Yesaira dice que les hacían llamadas amenazantes: ‘colaboren’, porque si no, nos mandaban la camioneta, a recoger”.
Y el destino de esa “recogida” era, sino el asesinato y la desaparición, el abuso sexual: la vulneración del cuerpo que quiere vivir libre de los estereotipos de género, libre para amar.
Para la guerrilla, los paramilitares y el Estado, la diversidad ha sido una constante amenaza a la heternormatividad, es decir, a esa idea de que todos debemos ser de una determinada manera como hombre, como mujer, amar al sexo puesto. Y esa afrenta se debía eliminar, humillar, desaparecer del territorio.
Estas fueron las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad, presentado el pasado 28 de junio, curiosamente, el día en que se conmemora mundialmente el Día del Orgullo Lgbitq+, en el capítulo de su informe final dedicado a las mujeres y las personas Lgbitq+, llamado “Mi cuerpo es la verdad”.
El cuerpo de las personas Lgbitq+ es su vehículo de expresión, es su libertad.
La Comisión reconoció que “el cuerpo y la posibilidad de intervenirlo son factores indispensables para el pleno desarrollo de las identidades de las personas Lgbtiq+. De ahí que la afectación física tenga un significado diferencial sobre la construcción identitaria de la víctima”.
Así que usaron la violencia sexual, el reclutamiento forzado con fines de explotación sexual, la tortura, la desaparición forzada y el desplazamiento, el principal hecho victimizante, para aislar a las personas Lgbtiq e inicialmente les amenazaban para que no se expresaran en público: llegaron a la tortura y violencia sexual para impedirlo.
Y si bien Santander no aparece como uno de los departamentos con mayor número de vulneraciones contra las personas Lgbitq+ (Arauca, Caquetá, Cesar y Cauca tienen mayores cifras), hay que tener presente que entre 1981 y 2016 se registraron en el Magdalena Medio 175 víctimas en 39 municipios de la región: Barrancabermeja, el lugar con el que más se ensañaron.
En Santander, organizaciones como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo realizaron en octubre varios conversatorios, promovidos por el programa de Diversidad Sexual y Lgbtiq+ de la Alcaldía de Bucaramanga, que promovió la política pública para la diversidad sexual en la ciudad.
En la presentación del informe, que estuvo a cargo de Susana Peralta Ramón, abogada santandereana de Colombia Diversa y Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo, organizaciones que defienden de los derechos de la población Lgbitq+, se reveló que la violencia sexual fue una forma de control sobre los cuerpos de las personas sexualmente diversas y el desplazamiento forzado, el asesinato, la desaparición y la tortura una forma de aniquilar la diferencia: muchas personas Lgbtiq+ en municipios de Santander como Barrancabermeja, San Vicente y el Carmen de Chucurí, así como de Rionegro y Cimitrara, se desplazaron a Bucaramanga y Girón huyendo del conflicto, solo para encontrar que en estos territorios también podrían quedar a merced de los grupos violentos, algunos bajo la indiferencia del estado... Y de la sociedad civil.
Y es que una de las tragedias más grandes de la población Lgbitq+ ha sido el rechazo y la indiferencia de la comunidad, incluso de sus familias, quienes justificaban la violencia con la excusa de la vergüenza, el miedo y los preceptos religiosos.
“Las iglesias empezaron a generar esa discordia entre de la población civil. Incluso vecinos de sector buscaron a los grupos armados para que tomarán como un objetivo militar a personas Lgbt porque no eran de su agrado. Y cuando los vecinos homofóbicos, que no contemplaban ver a una persona diferente en sus expresiones a lo que habitualmente nos enseñan sobre ser hombre o mujer, venían las amenazas, los desplazamientos”, explicó a Vanguardia Giancarol Rincón, líder de la organización Voces Diversas de Barrancabermeja.
Si bien Barrancabermeja, con 79 casos según la Unidad para las Víctimas, fue la zona de Santander donde más se presentaron vulneraciones a las personas sexualmente diversas, otros municipios como Betulia, Bolívar, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Puerto Wilches, Rionegro y San Vicente de Chucurí también fueron foco de violencia.
El informe de la Comisión de la Verdad señala que las “amenazas mediante panfletos, llamadas o visitas” que pretendían expulsar a la diversidad, “podían ir de la mano de otras agresiones”: el testimonio de Agustín, hombre gay de Sabana de Torres, víctima de amenaza y desplazamiento forzado en 2001, relata que “murió mucha gente por chismes que decían “aquella es tal cosa”. Entonces los paramilitares entraron, por ejemplo, haciendo lo que ellos llamaron la limpieza social”.
Wilson Castañeda explicó a Vanguardia que “tenemos que cuestionar la complicidad social porque muchas de estas violencias ocurrieron bajo la indiferencia o el silencio, pero también bajo la propagación de muchas personas que en los territorios resolvían todo con violencia. Y a la diversidad la ‘resolvieron’ con violencia”.
Y señala que una tarea pendiente en Bucaramanga es garantizar que las personas que llegaron buscando refugio para sobrevivir puedan “construir una ciudadanía plena” y que para ellas la paz, efectivamente, suceda. Y suceda también con dignidad.
Yesaira explica que que “la garantía de que esto suceda es la única forma de poder tener una verdadera reparación y justicia.
Porque tal como explica Diego Ruiz Thorrens, director de la Corporación Conpazes, y quien trabaja desde hace más de diez años con la población sexualmente diversa en la región, quienes llegaron a Bucaramanga para salvar su vida y para dignificar su identidad y orientación sexual tampoco encontraron paz.
Diego, víctima también del conflicto armado, salió también de Barrancabermeja para trabajar con la población Lgbitq+ en Bucaramanga y su Área Metropolitana.
“De los 90’s al 2006 desaparecieron muchas personas la población y lo que vino sucediendo fue la violencia cíclica a la cual fueron sometida muchas personas víctimas operaciones Lgbtiq+ en ciudades como Bucaramanga y que terminaron siendo desaparecidas o ajusticiadas por núcleos de personas que estaban en la Cárcel Modelo, que tenían permisos de 24 a 48 horas para salir”, indica.
El caso de La Leona, asesinada este año es un ejemplo desconsolado: Andrea Rozo León fue víctima de feminicidio en Bucaramanga, a donde llegó huyendo de la violencia del conflicto en Cúcuta, Norte de Santander, y hacía parte de la Mesa de Víctimas del departamento.
