lunes, 28 noviembre 2022
miércoles 05 de octubre de 2022 - 12:00 AM

Detalles del proyecto de ley que busca parar la contratación a dedo en el Estado

El senador Rodolfo Hernández presentó un proyecto de ley mediante el cual se modifica el Estatuto de Contratación Estatal y se establecen nuevas normas para evitar el direccionamiento en los procesos licitatorios del Estado.

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Un proyecto de ley que busca poner fin a la contratación a dedo radicó ante la Secretaría del Senado el senador y excandidato presidencial, por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández.

Además: Consejo de Estado pone en jaque el resurgir político de Fredy Anaya en Santander

Lo que busca esta iniciativa legislativa es evitar que los gobernadores, alcaldes y contratistas corruptos, vuelvan la plata pública privada y se la roben, según el congresista.

El proyecto, que reforma la Ley 80, está acompañado por más de 20 senadores con su firma, entre los que están David Luna, Angélica Lozano, Alexander López y la bancada santandereana, Cristian Avendaño, Jota Pe Hernández, Fabián Díaz, Gustavo Moreno, Juan Manuel Cortés y Erika Sánchez, además de su ex fórmula vicepresidencial, la representante Marelen Castillo.

“La intención de todos los senadores, es que esto funcione, porque esta es la sangre del país. Es la economía, y si hay economía fuerte que se activa, que se mueve, en la mediad que hay que velocidad en la circulación de dineros cada vez que pasa de mano en mano hay impuestos que recoge el Estado, hay trabajo, hay bienestar. De esto se este proyecto de Ley”, explicó Rodolfo Hernández.

Sin ‘contrataderos’

El primer punto del proyecto de Ley de reforma al Estatuto de Contratación Estatal, tiene como objetivo incluir las entidades que se rigen por derecho privado, como hospitales o empresas de servicios públicos, en virtud de contratos interadministrativos, deban subcontratar con terceros.

“Se obliga a las entidades estatales que tienen régimen privado en su contratación, que cuando ejecuten recursos que provengan de una entidad sometida a la ley de contratación, también apliquen el Estatuto de Contratación, tanto en el tramite de selección del contratista como en los pliegos tipo ”, explicó Rodrigo Fernández, asesor del senador Hernández.

Se prohibe también a las entidades estatales que ejecuten recursos públicos a través de convenios de cooperación con organismos de cooperación o ayuda internacional.

Pliegos tipo obligatorios

Aunque en el país ya se aplica los pliegos tipo para los procesos licitatorios de obras públicas, esta iniciativa de Ley establece que los pliegos tipo se aplique en las entidades cuyo régimen de contratación es privado, cuando celebren contratos de obra o interventoría.

Además, el proyecto de Ley, contempla que incluir como causal de inhabilidad hasta por cinco años, a aquellos contratistas que hayan sido declarados responsables de colusión o fraude por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Urgencia manifiesta

Otra de las modificaciones que trae el proyecto de Ley, es la limitación de las causales para declarar la urgencia manifiesta a situaciones relacionadas con los estados de excepción.

“Solo los jueces administrativos podrán revisar en máximo diez días si la urgencia manifiesta fue declarada de manera legal. Esto para impedir lo que actualmente esta ocurriendo con la Contraloría que se demora hasta años para revisar si la urgencia manifiesta estuvo bien declarada”, agregó Fernández.

Lea también: Los cuestionamientos y retrasos en consultoría por $10 mil millones para la Ptar de Bucaramanga

Posibilidad de revocatorias

En el proceso de selección por licitación pública se regula un plazo para preparar y presentar propuesta que no puede ser inferior a diez días hábiles. Adicionalmente, si la adjudicación se obtuvo por medios ilegales y ya se perfeccionó el contrato, la regulación establece que se debe dar por terminado anticipadamente el contrato y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad, siempre que la ejecución del contrato no haya superado el 50% del mismo.

Igualmente, la propuesta de Hernández regula igualmente la naturaleza jurídica del anticipo y el pago anticipado, y en todos los contratos de obra se pactará como mínimo un veinticinco por ciento de anticipo.

Por tratarse de una proyecto de Ley, la iniciativa deberá ser aprobada en cuatro debates en el Congreso, dos en Cámara y dos en Senado para su aprobación.

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