El gobierno de EE.UU. suspendió las deportaciones de indocumentados sin antecedentes criminales. Esto genera esperanza en la comunidad hispana y activistas, y duras críticas entre republicanos.
Publicado por: AFP
"Hay mucha confusión sobre cómo va a desarrollarse" esta nueva política, que pasa por revisar caso por caso los más de 300.000 casos de deportación pendientes en Estados Unidos, explicó el miércoles en rueda de prensa Ada Williams, directora de políticas de la organización OneAmerica.
El gobierno de Barack Obama, quien personalmente se ha comprometido a luchar en el Congreso por una reforma migratoria, ha batido al mismo tiempo récords de deportaciones de indocumentados en los últimos dos años: una media de más de 350.000 personas expulsadas al año.
El gobierno se defiende recordando que, también por primera vez, la mitad de esos deportados tienen antecedentes penales.
La revisión de esos casos pendientes tiene consecuencias a futuro, ya que las personas que no sean consideradas un peligro para el país recibirán una carta y su caso quedará en suspenso o "acción diferida", según las pautas reveladas por altos funcionarios del gobierno.
La tentación para millones de indocumentados que trabajan en Estados Unidos sería presentarse ante las autoridades para lograr esa carta y eventualmente conseguir un permiso de trabajo temporal, algo que dejaron entrever altos funcionarios la semana pasada.
"En este momento, no se entregue. Si es detenido, ejerza su derecho a no contestar preguntas que puedan ayudar a su deportación, no firme su salida voluntaria y pida orientación de abogados", aconseja a los indocumentados Angélica Salas, presidenta de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) en Los Angeles.
"En esencia, el gobierno ha declarado que la inmigración es virtualmente ilimitada (...) y que solo aquellos que cometan crímenes violentos después de haber entrado serán perseguidos", criticó la conservadora Federación para una Reforma Migratoria en Estados Unidos (Fair por sus siglas en inglés).
"El gobierno Obama debería hacer cumplir las leyes de inmigración, no buscar maneras de ignorarlas", denunció el representante republicano Lamar Smith.
El gobierno asegura que dos tercios de los deportados que no tienen antecedentes son detenidos en la frontera poco después de haber penetrado ilegalmente en el país.
Con esta nueva política "los jueces de inmigración podrán resolver más rápidamente los casos altamente prioritarios", explicó la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, en una carta enviada a senadores demócratas la semana pasada.
Pero en realidad "cada localidad, cada corte de inmigración, cada fiscal, al principio van a tener poder de interpretar" esas nuevas directrices, según Carlina Tapia, miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Migración.
Hasta el año pasado había 235 jueces de inmigración en 58 tribunales en todo Estados Unidos, que deben decidir sobre una media de 400.000 casos al año.
Las nuevas directrices pueden entrar igualmente en conflicto con un programa conocido como "Comunidades Seguras", muy criticado por las asociaciones de defensa de inmigrantes.
El programa permite a un agente de policía local cotejar los datos de un sospechoso, o incluso de alguien que pidió ayuda, con un banco de datos biométricos federal, lo que ha llevado, según las asociaciones, a miles de deportaciones por faltas como una multa de tráfico.
