Estados Unidos
A su salud
Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, no ha cejado en su empeño de desmantelar el “Obamacare”. Su lema de campaña fue “derogar y reemplazar” y tal parece, que está allanando el camino para conseguirlo.
Un paso en esta dirección fue la decisión de un juez federal de Texas, que la semana pasada declaró inconstitucional esta ley sanitaria de Estados Unidos, respondiendo así a una demanda interpuesta por una veintena de estados republicanos tras la aprobación de la reforma fiscal en 2010 durante la Administración de Barack Obama.
Pero los demócratas no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Anunciaron que presentarán un recurso, lo que abrirá una batalla legal que probablemente tendrá que dirimir de nuevo el Tribunal Supremo.
El reciente fallo judicial ha sido interpretado como una victoria parcial para los republicanos, pero realmente es una decisión provisional que por ahora no va a tener consecuencias a nivel nacional, estima Andrés Mejía, analista y consultor político.
Cabe recordar que la llamada Ley de Cobertura Médica o ACA, es el mayor logro que dejó el mandatario demócrata y comenzó a aplicarse en el 2014, generando el mayor cambio económico en la sociedad estadounidense desde la creación del sistema actual de salud pública en 1965.
Se trata de una reforma sanitaria que abarca el Medicaid (los más pobres) y Medicare (mayores de 65 años), ya que creaba un nuevo aparato burocrático. En este país, se destina para salud el 18% del PIB.
Mientras los demócratas defienden con uñas y dientes un sistema que ha dado cobertura médica a unos 20 millones de personas que no la tenían, para los republicanos, especialmente el presidente Trump, se convirtió en un símbolo a destruir, “en una bandera de la derecha en Estados Unidos”, destaca Mejía.
En ese orden de ideas, señala que desde el día en que se aprobó la ley, los republicanos han tratado de eliminarla, por vía legislativa y vía judicial, recordando que con la primera tuvieron un sonoro fracaso cuando Trump inició su mandato y propuso una contrarreforma (“Trumpcare”) que se hundió en el Congreso.
El “Trumpcare” plantea reducir los precios de los seguros, aumentar la competencia y eliminar regulaciones y subsidios. Con el “Obamacare”, han subido los precios y ha caído la oferta de planes, alega Trump. Además, suma otra derrota judicial a cuestas, luego de que la Corte Suprema de Justicia la declarara inconstitucional.
El analista Mejía considera que ahora, con los demócratas al mando de la Cámara de Representantes, la posibilidad de eliminar dicha ley, queda fuera de discusión.
A su juicio, eliminar un programa de esta envergadura que lleva ocho años en funcionamiento, resulta complicado.
Garantizar cobertura
Por ello destaca, bien sea debido a la polarización y de la ideologización de la política estadounidense, el grado de oposición al “Obamacare”, reconociendo que no es un programa perfecto y tiene fallas relacionadas con su implementación y falta de alternativas de seguros en algunos estados, pero que “habría que mirarlo en el contexto de la necesidad de garantizar cobertura de salud para los estadounidenses”.
En virtud de lo anterior, Suelen Castiblanco, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, advierte que derogar el “Obamacare”, que provee de planes de salud a precios asequibles, sería un fuerte retroceso en términos de equidad, en Estados Unidos.
Para la experta, el “Obamacare” es la gran apuesta por reducir los niveles de inequidad que hay en ese país, “dado que su economía es una de las más inequitativas en el mundo”.
Ahora bien, con la nueva versión del “Trumpcare” lo que hace este proyecto “es profundizar una serie de reformas que han sido el sello característico de la Administración Trump, en la que se han desgravado los grandes capitales en perjuicio de los más vulnerables de la sociedad estadounidense.
Y en ese sentido, explica que efectivamente el “Trumpcare” es una versión recortada del “Obamacare”, en la que principalmente lo que se disminuirán son las transferencias de las personas más pobres del sistema, que eran las que en este momento eran atendidas vía Medicaid, equivalente al régimen Subsidiado en Colombia.
En la otra orilla, los demócratas están intentando vender el “Trumpcare” como una reducción de impuestos a la población más rica de los Estados Unidos.
“Es la forma en que Trump lo ha vendido para conseguir los votos republicanos”, bajo el argumento de que en el “Obamacare” la carga financiera de los más pobres recayó en aquellos más ricos, y eso es injusto desde el punto de vista del presidente republicano, señala Castiblanco.
Un antes y un después
Incluso esta situación, según Mejía, supone una anomalía a nivel mundial en este país, donde sus ciudadanos, en 2015, gastaron una media de 8.745 dólares al año en servicios médicos y sanitarios.
Antes del “Obamacare”, EE.UU. era el único país del mundo desarrollado que no tenía ninguna clase de sistema público de salud, y hoy por hoy, “es el único de los países desarrollados que no tiene un sistema público de cobertura de salud” a diferencia de otras potencias como Reino Unido.
Previo a su implementación, había en el país norteamericano cerca de 48,6 millones de personas sin seguro médico, un 16% de la población. Y se estima que aún quedan unos 29 millones de ciudadanos sin ningún tipo de asistencia médica.
El tema resulta trascendental y 2019 será un año crucial para saber si la salud en Estados Unidos se seguirá rigiendo por el “Obamacare”.
IMPLICACIONES SI SE DEROGA LA LEY
Camilo Enciso, Internacionalista de la Universidad del Rosario, se refiere a que “la declaratoria de inconstitucionalidad del “Obamacare” por una corte de Texas es un duro golpe al legado de Barack Obama, que buscó ampliar la cobertura y nivel de protección del sistema de salud a los más vulnerables”.
En su opinión, la decisión “conducirá con alta probabilidad al incremento del precio de medicamentos, a la eliminación de la financiación de programas de rehabilitación por uso de drogas, a la cancelación de programas de apoyo a la maternidad, y al derecho a ser tratado por enfermedades preexistentes”.
Sin embargo, dice que está por verse si “el caso sube a la Corte Suprema de Justicia, la cual tendrá la última palabra. Esa misma Corte ya ha considerado en dos ocasiones anteriores que la norma sí es constitucional. La batalla por el derecho a la salud continúa, tanto allá como aquí”.