miércoles 28 de enero de 2009 - 8:17 PM

Al menos 56 muertos en disturbios por protestas contra Gobierno en Madagascar

Al menos 56 personas han resultado muertas en Madagascar en los disturbios registrados durante las protestas contra el Gobierno de los últimos días, una veintena de ellas calcinados en el incendio provocado de un almacén en Antananarivo, informaron hoy medio locales.

Según el periódico "La Verité", en Antananarivo, seis personas resultaron muertas por disparos de bala durante los incidentes, mientras que al menos 21 cuerpos calcinados han sido rescatados de los restos de un almacén incendiado por manifestantes en el barrio de Analaqueli.

Otros medios locales elevan hasta 37 los fallecidos en el incendio de Analaqueli, que se supone quedaron atrapados en el edificio al derrumbarse el techo cuando presuntamente estaban saqueando las mercancías del almacén.

Del resto de muertos en los disturbios, al menos 22 se produjeron en la localidad de Toliara y los siete restantes en las poblaciones de Toamasina, Sambava y Mahajanga, agrega "La Verité".

El periódico describe la situación como "apocalíptica" y afirma que los "actos de vandalismo" y asaltos a comercios se han generalizado en Antananarivo y las principales ciudades del país.

En Antananarivo, se impuso anoche el toque de queda desde las 21.00 hora local (18.00 GMT) hasta las 04.00 horas de hoy, agrega el rotativo, que indica que el alcalde la capital de Madagascar, Andry Rajoelina, promotor de las protestas, aún no se ha reunido con el presidente, Marc Ravalomanana, para tratar de calmar la situación.

Representantes diplomáticos de los países donantes de Madagascar, los obispos católicos y organizaciones de la sociedad civil han pedido a Rajoelina y Ravalomanana que se reúnan para superar sus diferencias.

Los disturbios se iniciaron el lunes, cuando, tras una manifestación encabezada por Rajoelina para pedir la liberación de tres estudiantes detenidos, acabó con disturbios y el incendio del edificio de la Radiotelevisión pública.

Rajoelina acusa a Ravalomanana de "malversación de fondos públicos" y de "amenazar la democracia", y ha pedido el "apoyo militar" para dirigir un "Gobierno de transición".

Posteriormente, los disturbios se generalizaron en la zona y la Policía intervino y realizó disparos contra los manifestantes, que causaron las dos primeras muertes.

Tras estas muertes, los manifestantes destrozaron oficinas y comercios en el centro de la ciudad y quemaron las sedes de varias empresas, algunas relacionadas con el presidente Ravalomanana.

Ravalomanana regresó ayer a Antananarivo desde Sudáfrica, donde acudió el lunes a la Cumbre de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC) que trato la formación de un Gobierno de unidad en Zimbabue, y anunció "mano dura" para acabar con los disturbios.

"No voy a permitir la violación de la Constitución, de la que soy el garante", dijo Ravolamanana a su llegada a Madagascar, según el periódico local "Madagascar Tribune".

El presidente ordenó al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para "restaurar el orden y proteger la Constitución", agrega el diario.

El periódico "Midi Madagasikara", señala que tropas del Ejército han sido desplegadas en el país para colaborar en la restauración del orden.

Por su parte, en Addis Abeba, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping, manifestó su "profunda preocupación por la tensión política en Madagascar y el riesgo que supone para la estabilidad del país".

En un comunicado remitido a Efe, Ping recalca que deplora "la pérdida de vidas causada por los incidentes violentos" e insta a "todos los implicados a contenerse y trabajar para resolver la actual crisis a través del diálogo y con respeto al orden constitucional y la legalidad".

El empresario Ravalomanana llegó al poder en 2002, tras unos comicios en 2001 en los que se produjo un conflicto sobre el ganador y que estuvo a punto de llevar al país a una guerra civil.

En 2006, Ravalomanana fue reelegido presidente para un periodo de otros cinco años, en unas elecciones que fueron también calificadas de fraudulentas por sus oponentes, aunque el Tribunal Constitucional rechazó las acusaciones.

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