El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, advierte a la población el problema que supone el Decreto Supremo 4640, sin embargo, observa que sin vacuna no habrá normalidad.
El Gobierno de Bolivia ha amenazado hoy con sanciones de hasta 10 años de cárcel por no llevar el certificado de vacunación contra el COVID-19 para asistir a eventos sociales o ingresar en ciertas instalaciones, que entrará en vigor el 1 de enero.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha hecho hincapié en que la medida “no es chiste” y ha detallado que las personas que no porten el documento y den positivo por COVID-19 podrán ser sancionados en base a un delito de atentado a la salud pública.
“Si yo no porto, no demuestro estos documentos y si me hacen la prueba y tengo COVID-19 estoy atentando contra la salud de los otros usuarios. Por lo tanto, pueden hacerme un proceso”, ha indicado en declaraciones a la televisión pública boliviana, recogidas por el diario ‘El Deber’.
“No es chiste, no es una cosa que salió y (...) el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple”, ha insistido. El decreto 4640 exige la presentación del certificado de vacunación o la presentación de una PCR negativa para poder acceder a ciertos espacios --como instituciones públicas, entidades financieras, religiosas o centros comerciales-- y para viajar entre departamentos.
Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia, calificó al decreto 4640, que dispone que se exija el carnet de vacuna anticovid, como una norma “de la desesperación y la improvisación porque (el Gobierno) el presidente Luis Arce sabe que no cumplió con la meta de vacunación”.
Hasta el momento, más de 3,5 millones de personas cuentan con la pauta completa de vacunación en Bolivia, con casi medio millón de ciudadanos inmunizados con la dosis de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud boliviano.
