viernes 13 de noviembre de 2020 - 12:00 AM

Denuncian 159 detenciones arbitrarias durante la cuarentena en Venezuela

Para frenar la expansión del virus, el Gobierno venezolano implementó desde mediados de marzo pasado una cuarentena que se cumplió de forma “radical” las primeras semanas, pero que en los últimos meses combinó periodos de “flexibilización” para permitir un “respiro” a la economía.
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La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció, en un informe divulgado ayer, la detención arbitraria de al menos 159 personas entre marzo y septiembre pasado, cuando se completaron los primeros seis meses de la cuarentena por la COVID-19 en el país petrolero.

“Los primeros seis meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un contexto que agravó las consecuencias de la ausencia de institucionalidad (en Venezuela)”, señaló Provea en un documento de 107 páginas.

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“Además, 159 personas fueron detenidas de manera arbitraria, sobresaliendo como perfiles de víctimas los periodistas, políticos y miembros el gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena”, añadió la ONG.

Indicó que “otras 442 (personas) fueron detenidas en el contexto de manifestaciones en el país” entre marzo y septiembre, cuando se produjeron protestas por escasez de gasolina y retrasos en la entrega de alimentos subsidiados, lo que eleva la cifra total de detenciones denunciadas a 601.

Estas detenciones, concluyó Provea, se produjeron “como mecanismo de disciplinamiento e intimidación de la población bajo la emergencia sanitaria”, para “mantener la primacía de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia” en el país.

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“La ausencia de lineamientos claros sobre las políticas de cuarentena y distanciamiento social (...) ocasionaron diversas interpretaciones de las autoridades en las cuales se priorizó el mantenimiento del orden sobre el respeto a los diferentes derechos humanos”, continuó el documento.

Estas detenciones, concluyó Provea, se produjeron “como mecanismo de disciplinamiento e intimidación de la población bajo la emergencia sanitaria”, y tenían “el objetivo de mantener la primacía de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia” en el país.

Asimismo, en el informe se detallan las muertes de cinco personas, catalogadas como “asesinatos”, en medio de enfrentamientos con las autoridades durante manifestaciones, un hecho que la ONG aseguró “reitera la ausencia de una política democrática de control del orden público en el país”.

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