En diciembre pasado, este país se sumó a Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa, Puerto Rico y algunas zonas de México, donde se permite en la actualidad que las mujeres soliciten un aborto legal sin importar la causal del embarazo.
A partir de que se implementó la ley del aborto voluntario hace casi tres meses en Argentina, la práctica avanza incluso en las provincias más reacias, aunque aún encuentra obstáculos sobre todo judiciales en el servicio de salud privado y por la presión de los grupos provida.
“La ley fue un punto de llegada”, dijo Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, respecto de la norma que entró en vigencia el 24 de enero último. “Pero también es un punto de partida, hay otra subjetividad, otros mundos, por eso la construcción de la política pública” para que las personas puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), explicó.
Esa política pública incluye la distribución regular de la droga para realizar la IVE, fortalecer a los equipos de profesionales y trabajadores sociales, acompañar a las mujeres cuando llaman a la línea de atención y trabajar a nivel institucional y político para resolver los obstáculos judiciales.
Desde la cartera de Salud todavía no se ha podido establecer la cantidad de IVE que se realizan, pero sí ha registrado un aumento de más del 50% en la cantidad de llamadas a la línea de atención telefónica tras la sanción de la ley, al punto que se ha decidido fortalecer el servicio “saturado” agregando un correo electrónico.
Un factor que muestra el avance de la práctica es la distribución del insumo: el Estado argentino compró 90.000 tratamientos de Misoprostol este año frente a los 34.000 tratamientos adquiridos en 2020 -de los que se distribuyeron 18.000- y los 2.000 tratamientos en 2019.
“Está probado que la disponibilidad del insumo en forma sostenida en los centros de salud que realizan la práctica genera condiciones para brindar acceso de forma más rápida, más segura y como un respaldo a los equipos de salud”, dijo Isla.
Hay tres niveles de obstáculos todavía para garantizar la IVE, señaló Isla.
“Uno es el nivel político e institucional”, porque hay provincias “donde hay una estrategia de embate, de restricción de derechos, que es judicial”, dijo Isla.
“Estamos respondiendo desde el día que entró en vigencia la ley”, agregó, ya que un equipo de abogados lleva adelante una “estrategia política e institucional del gobierno para responder y argumentar la defensa y el sostenimiento de esta ley”.
Pese a que hay jurisdicciones “más difíciles”, Isla afirmó que “en todas las provincias está vigente” la ley, luego de que en Chaco (noreste) hubo una presentación judicial que interrumpió la ILE pero se logró revertir y que en San Luis (centro) se hizo una presentación en un juzgado que no correspondía.
Otro obstáculo es la cantidad de servicios que prestan la práctica o la capacidad técnica para garantizarla.
La base para acceder a la IVE es la red de servicios que brindaban la ILE: a diciembre de 2020 el país contaba con unos 600 servicios distribuidos irregularmente entre las provincias y unos 200 servicios que ofrecen consejería.
El tercer obstáculo tiene que ver con las acciones de las organizaciones de la sociedad civil contrarias al aborto.
“Hay provincias donde tienen una militancia muy activa, hostigan a los servicios, hostigan a las usuarias”, explicó Isla, además de la estrategia judicial, donde observa coordinación con otros lugares de América Latina.
En este contexto, se conoció la muerte de María del Valle González López, de 23 años, luego de una interrupción voluntaria del embarazo en la ciudad de Mendoza. Las autoridades investigan el hecho para determinar si la joven fue víctima de una “mala praxis” en la práctica del aborto legal.
