Quién gobernará la isla Puerto Rico se encuentra en el limbo político a falta de un sucesor para Ricardo Rosselló, gobernador que, asediado por protestas, se vio forzado a salir del poder a partir de esta semana.
La salida del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras tres semanas de movilizaciones en su contra, parecía haber puesto punto final a la crisis en Puerto Rico, y abriría la puerta a una etapa de transición sin mayores contratiempos. Pero la coyuntura política está lejos de acabar en la isla caribeña.
De acuerdo con el ordenamiento jurídico de la isla, la persona en la línea de sucesión para convertirse en la próxima gobernadora interina de Puerto Rico, es la actual secretaria de Justicia Wanda Vázquez, pero esta ha sido duramente criticada por líos judiciales del pasado y sus reparos a la hora de asumir los problemas de la Administración de Rosselló, quien deja oficialmente el cargo el próximo viernes.
El pasado domingo, la magistrada anunció que no quiere asumir el cargo como gobernadora, con lo cual se prolonga la crisis de gobernabilidad y el estado de incertidumbre institucional.
En concreto, Wanda Vázquez no goza de mucha aprobación popular y ha dicho que no le interesa ser gobernadora, así que se barajan varias alternativas, asegura Hernán Vera, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
El primer escenario, según explica, es que ante la presión de tiempo para el nombramiento, 2 de agosto, Vázquez asuma la Gobernación de forma temporal, y nombre un secretario de Estado que sea confirmado por la Cámara de Representantes y el Senado.
Otra posibilidad, agrega, es que surja un candidato de consenso de aquí al viernes 2 de agosto, se nombre como secretario de Estado y se confirme por la Cámara y el Senado, reunidos en Asamblea Extraordinaria, pues en estos momentos se encuentran de receso.
“En la isla, se percibe que hay un movimiento frenético tras bastidores en el Partido Nuevo Progresista, partido de Gobierno donde han surgido varios nombres para una acción como esta”, sostiene Vera.
Entre estos nombres han surgido en la opinión pública el del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos (“Johnny”) Méndez y el de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González.
La última posibilidad que se baraja, es que la secretaria de Justicia renuncie a su cargo, lo que provocaría que se siga el orden sucesorio establecido en la Ley de 1952, indica Vera.
En ese sentido, añade que “habría que saltar algunos candidatos en la sucesión por no contar con la edad requerida por la Constitución de Puerto Rico para ser gobernador que es de 35 años de edad”.
Por su parte, Nicolás Garzón, profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, atribuye el problema de gobernabilidad en Puerto Rico al resultado del limbo jurídico y político en el que se encuentra la isla.
Sumado a ello, advierte sobre la profunda crisis económica de la isla, con un ritmo de crecimiento desacelerado, un éxodo exagerado de puertorriqueños hacia Estados Unidos, y una deuda abultada, teniendo en cuenta que en 2015 se declaró el estado de bancarrota.
Toda esta situación de inestabilidad crítica y sui géneris termina siendo un “coctel complejo” para el estatus de Puerto Rico que afecta la gobernabilidad, insiste el experto consultado.
Entonces, esa agitación social y económica es natural que desemboque en el agravamiento de la crisis política y en el vacío de poder en la isla, “especialmente en una situación en la cual, a pesar de que las reglas de juego están diseñadas para que la secretaria de Justicia asuma las funciones, hay un gran descrédito de todo lo que tiene que ver con Rosselló y con el gobierno saliente”.
Rol de EE.UU.
En medio de la crisis, la gran pregunta que muchos se hacen es cuál será la reacción de Estados Unidos frente a lo que ocurre en Puerto Rico, uno de sus estados libres asociados.
Esto, significa que sus habitantes son ciudadanos estadounidenses pero no gozan de beneficios o privilegios por esta condición. Es decir no tienen derecho a votar en las presidenciales, pero pueden migrar libremente entre ambos países y pagan impuestos.
Al respecto, Vera recuerda que a partir de 1952, Puerto Rico tiene cierto grado de autonomía en asuntos locales, como la elección de los oficiales de su gobierno.
Si bien el Gobierno Federal de EE.UU. ha decidido no intervenir hasta el momento, afirma sin embargo que la línea es muy fina.
En su opinión, el Gobierno Federal norteamericano está recabando información para perseguir a aquellos oficiales públicos, exfuncionarios y contratistas que han estado involucrados en actos de corrupción en la actualidad.
De hecho, precisa que el jefe del FBI en Puerto Rico recientemente se refirió a que este será “un verano muy activo” para este organismo de justicia criminal del Gobierno Federal en Puerto Rico.
Aunque el presidente Donald Trump se pronunció antes de la renuncia de Rosselló al que no le dio un voto de confianza, Garzón menciona que si bien Estados Unidos tiene la potestad de manejar temas relacionados con la seguridad nacional y algunos temas fiscales y políticos con respecto a la isla, finalmente no le importa mucho lo que pase allí.
Para él, EE.UU. está esperando cómo se van a desarrollar los acontecimientos en Puerto Rico, y cómo se va a resolver y en función de ello, “fijar una posición con el fin de no verse de alguna manera involucrado en una situación que termina siendo muy convulsionada”.
Aunque reconoce que esa opción de “prudencia”, que a veces es muy rara en el gobierno de Trump, es en últimas la que más le conviene a Estados Unidos para luego fijar una posición más clara, una vez el panorama político en la isla de Puerto Rico se despeje.
