miércoles 18 de mayo de 2022 - 12:00 AM

España pasa al Congreso nueva ley de aborto

La nueva norma también hace referencia a la educación sexual, que estará presente de forma obligatoria en todas las etapas, desde la primera infancia para que los menores conozcan mejor sus cuerpos, las relaciones estén basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, pero también en prevenir enfermedades de transmisión sexual.

El Gobierno español aprobó ayer el anteproyecto de una nueva ley del aborto que incluye nuevas medidas como la supresión del consentimiento paterno para las jóvenes de 16 a 18 años que quieran abortar o la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

Además, la nueva norma propuesta por el ejecutivo reconoce también nuevos derechos reproductivos, otros sexuales y menstruales, como el permiso preparto a partir de la semana 39.

También las bajas por reglas incapacitantes pagadas desde el primer día por la Seguridad Social, con lo que España se convertiría en el primer país de la Unión Europea en regular una incapacidad temporal vinculada a la salud menstrual, pagada íntegramente por el Estado.

La norma contempla además la gratuidad de la píldora del día después en los centros de salud, la financiación de los anticonceptivos de nueva generación y también la promoción de estos fármacos para los hombres.

Sin embargo, no recoge una demanda ampliamente exigida, la rebaja del IVA para productos de higiene femenina.

El nuevo anteproyecto se aprobó ayer después de una larga negociación en el seno del Gobierno de coalición, por diferencias entre el ala socialista (mayoritaria) y el Ministerio de Igualdad, que lo presenta, cuya responsable, Irene Montero, es de Unidas Podemos, a la izquierda del PSOE.

La nueva ley, según el Ministerio de Igualdad, amplía la aprobada en 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoce el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, sin necesidad de argumentar ningún supuesto para solicitarlo.

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Ahora, se acaba con los “obstáculos” a los que se enfrentaban las mujeres que querían interrumpir su embarazo.

Así, los hospitales tendrán que contar con personal para practicar abortos, de forma que la sanidad pública será “la red de referencia”, y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Las mujeres podrán interrumpir su embarazo en el hospital más cercano a su domicilio.

En la actualidad, la mayoría de los abortos se practican en clínicas privadas que tienen acuerdos con la Seguridad Social.

Violencias reproductivas
Se estipula que la gestación subrogada, llamada coloquialmente “vientre de alquiler”, es una forma de “violencia” contra las mujeres. Con base en esa consideración se prohibirá la publicidad de las empresas de intermediación que facilitan el acceso a esta práctica en países donde es perfectamente legal. En España seguirá siendo una actividad prohibida.
Igualdad pretendía que se persiguiera con penas de cárcel a los padres de hijos nacidos por gestación subrogada aun habiéndolo hecho en países donde es legal. Finalmente, el Ministerio de Justicia ha tumbado esta propuesta y ha quedado excluida del texto final del anteproyecto.
Se considera violencia contra las mujeres la esterilización forzosa para las discapacitadas así como los embarazos y abortos en contra de la voluntad.
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