Las autoridades argentinas enviaron a juicio a la expresidenta de Argentina por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los imputados por el ataque contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, tres años después de que el fiscal Alberto Nisman apareciera muerto días después de denunciarla.
Tras cerrar la instrucción, el juez Claudio Bonadio decidió abrir la vista oral y pública, en fecha todavía por determinar, con un total de 12 procesados, alguno de ellos en prisión preventiva desde el pasado diciembre.
La mandataria entre 2007 y 2015 y actual senadora evitó por el momento quedar presa por contar con fueros parlamentarios y es acusada, al igual que su excanciller Héctor Timerman y otros de sus colaboradores, de "encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad".
Para justificar esta situación, el letrado hizo referencia a otro proceso diferente en el que también se juzga un presunto encubrimiento del atentado, que tiene a 12 personas en el banquillo, entre ellas el también expresidente Carlos Menem (1989-1999).
Se les acusa de numerosas irregularidades detectadas en el primer juicio por el atentado, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de los policías argentinos acusados.
Boico subrayó que en ese último proceso todos los imputados están en libertad, mientras que el que afecta a Fernández -que está procesada en un total de cuatro causas, dos de ellas por supuesta corrupción- hay varias personas detenidas, como el exsecretario legal y técnico de la Presidencia Carlos Zannini, "sin ninguna existencia de riesgo procesal ni peligro de fuga".