La fiscal suprema peruana Marita Barreto, jefa del Equipo Especial contra la corrupción del Poder, insistió este miércoles en que las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo están siendo obstaculizadas por presiones intensas de la presunta organización criminal que supuestamente lidera el mandatario.
“La presión del poder que venimos siendo pasibles es tan intensa, tan fuerte, que no podemos desarrollar la investigación como quisiéramos, y esa es la diferencia entre una organización criminal estructurada”, declaró la fiscal suprema en una entrevista con Canal N.
Barreto agregó que, incluso, algunos miembros del Ministerio Público que realizan las investigaciones preliminares contra Castillo por presuntamente encabezar una red corrupta en su Gobierno han recibido “amenazas de muerte” y señaló que “eso es, tal vez, la gota que derramó el vaso” para que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentara el martes en el Congreso una denuncia constitucional contra el gobernante.
Continuó que, con la presentación de esta denuncia (”histórica porque no ha pasado antes”), Benavides dejó en manos de los parlamentarios “la decisión que el país seguramente está esperando”.
Tras presentar la denuncia constitucional contra Castillo por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y fraude, la fiscal general denunció en un pronunciamiento público una “constante y feroz obstrucción a la Justicia” por parte de esta supuesta mafia corrupta.
Alertó, en este sentido, que esto “pone en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer”.
“Brazo familiar”
Durante su entrevista, Barreto incidió en que, “efectivamente, hay un brazo familiar” en esta supuesta organización criminal, por la que también están siendo investigados miembros del círculo más íntimo del mandatario, entre ellos la primera dama, Lilia Paredes, y su hermana Yenifer, quien está hoy bajo arresto.
“Los familiares (del presidente) han cumplido un rol y función dentro de esta estructura organizativa criminal para favorecer a determinados proyectos criminales”, sostuvo.
La fiscal agregó que en esta presunta red criminal se han encontrado tres modalidades: una de copamiento del poder “a través del nombramiento de personas para que cumplan un fin criminal”, una de lobbies ilícitos, “porque ha habido personas que han actuado concertadamente para favorecerse”, y otra de procesos concursales fraudulentos.
“Se concertó para favorecer a unos proyectos de licitación donde se han manejado más de 34.000 millones de soles (unos 8.500 millones de dólares) para obras y ser favorecidas a determinadas empresas”, puntualizó.
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En respuesta, Castillo convocó a una rueda de prensa con la prensa extranjera, en la que aseguró que “se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú”.
El mandatario negó “rotundamente las acusaciones”, dijo que no tienen pruebas en su contra y condenó el trabajo de la Fiscalía, a la que acusó de actuar “políticamente”.
Asimismo, aseguró que no va a pedir asilo o abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de “persecución política”, pero que él se mantendrá “en pie y firme” hasta el final de su mandato, que en principio se extiende hasta 2016.
