miércoles 26 de septiembre de 2018 - 12:01 AM

Venezuela

Frente a frente

La fuerza que está tomando el caso venezolano en la CPI para que el régimen de Nicolás Maduro rinda cuentas por violaciones a los derechos humanos, recibió un gran impulso de cinco países en la región, incluido Colombia.
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Aunque por mucho tiempo los gobiernos de la región guardaron silencio en torno a lo que ocurría en Venezuela por cuenta de la represión, ahora varios países en América Latina han levantado al unísono su voz para llevar ante la Corte Penal Internacional, CPI, a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, lo que se constituye en una maniobra sin precedentes de acción colectiva y diplomática ante el organismo, creado hace 16 años.

A la vanguardia de esta iniciativa marchan Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, países que han denunciado en bloque al régimen de Maduro por violaciones a los derechos humanos ante el alto tribunal con sede en La Haya, al que le pidieron una investigación formal.

Sin duda, una investigación formal ante la CPI incrementará la presión internacional sobre el asediado régimen venezolano en un país que atraviesa una profunda crisis política, colapso económico y catástrofe humanitaria que ha desbordado fronteras y preocupa a sus vecinos.

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Definitivamente, que varios países quieran unirse para denunciar a Venezuela, “es un claro ejemplo diplomático de un rechazo al establecimiento de un régimen que requiere transición urgente”, asegura María Eugenia Bonilla, directora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, al explicar la decisión adoptada por los cinco gobiernos latinoamericanos.

El hecho, además, resulta inédito, ya que desde la creación de la CPI en 2002, ningún Estado había pedido la intervención de este tribunal en otro país, lo cual significa un hito en el derecho internacional.

Así lo confirma Carlos Arévalo, jefe del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana en Bogotá, quien destaca que es la primera vez en 16 años que se recurre a la aplicación del Artículo 14 del Estatuto de Roma, que crea la CPI.

Sin embargo, recuerda que no sería la primera investigación preliminar sobre Venezuela dentro del alto tribunal, pues ya hay una en curso, relacionada con ejecuciones extrajudiciales de 11 personas.

En el caso de la denuncia elevada por los cinco países, entre ellos Colombia, Arévalo explica que lo que están pidiendo es que se inicie una investigación preliminar por parte de la Fiscalía a cargo de Fatou Bensoud, para determinar si como consecuencia de esa investigación, hay lugar a que la fiscalía presente investigaciones puntuales contra el presidente o algunos oficiales de alto rango.

Bonilla, en tanto, agrega que es importante destacar que iniciativas de presión diplomática de este tipo no se veían desde el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras en 2009, “y además no ha suscitado una respuesta de este nivel ni con la crisis que se vive en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega”.

Sobre la posibilidad de que la denuncia prospere, el profesor Arévalo considera que la comunidad internacional, a través de la Corte Penal, va a tomar medidas contra Venezuela, al tiempo que advierte que puede ser un “arma de doble filo”.

Lo anterior, lo sustenta en el hecho de que por un lado genere el aislamiento de Venezuela y por ende, “al estar aislado el régimen de Maduro se convierta en un régimen más violento frente a la oposición, y busque la manera de perpetuarse en el poder, porque en esa medida no tendrá que asumir consecuencias de procesos internacionales”.

Pero, por otro lado, afirma también podría sentar un precedente histórico e igualmente, dejar claro que “el gobierno de Maduro tendrá que asumir en algún momento una responsabilidad internacional y pueda utilizarlo como una carta de negociación, pensando en un futuro proceso de justicia transicional en Venezuela, que sin lugar a dudas se va a tener que dar”.

Además del aislamiento internacional, Bonilla apunta que otra consecuencia directa para Venezuela, si se comprueban delitos por parte de la CPI, es su expulsión de todo el sistema interamericano de derechos humanos; lo mismo que sanciones o bloqueos económicos.

Papel de Colombia

En cuanto a la posición de Colombia de denunciar al régimen de Maduro y su gestión desde el escenario internacional, Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, estima que esta circunstancia particularmente pone al país en una situación compleja dada la naturaleza binacional que cada vez se tensiona más.

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Opina que Colombia no debería centrarse ni concentrarse en el tema de la CPI y preocuparse más en cosas apremiantes como la crisis migratoria y el adecuado manejo de ella.

El debate político en estas instancias como la CPI, de llevar a Nicolás Maduro ante este tribunal de defensa de los derechos humanos y demás, “tiene una serie de tiempos y maneja una serie de lógicas que lo hacen complejo, que no van a resolver el problema en el corto plazo”, sostiene Rodríguez, quien insiste en que el tema de la crisis migratoria no se puede descuidar y requiere esfuerzo coordinado.

El profesor Arévalo, si bien manifiesta que la posición del gobierno de Duque era la esperada por tratarse de un asunto hemisférico, no cree que Colombia tenga la fuerza para pasar a la delantera y liderar el proceso de presión internacional contra el gobierno de Maduro, pero distingue voces y líderes como el secretario de la OEA, Luis Almagro, así como los presidentes de Paraguay y Argentina.

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No obstante, sostiene que sumarse Colombia a esta estrategia diplomática es importante, porque es el vecino y uno de los países que más sufre las consecuencias de que lo pasa en Venezuela, “es una voz autorizada y una voz importante”.

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