sábado 01 de abril de 2017 - 12:01 AM

Golpe diplomático por la crisis en Venezuela

La Mesa de la Unidad Democrática llamó a los venezolanos a “planificar y ejecutar acciones de protesta” en defensa del país y convocó a una “sesión especial de calle” frente al Parlamento.

Diversas reacciones se han generado con la decisión del máximo tribunal venezolano de adjudicarse las funciones del Parlamento.

Tras la medida, varios países han reaccionado y Colombia pidió a su embajador regresar e informar sobre la crisis política de Venezuela.

Uno de los primeros países latinoamericanos en protestar fue Perú, al retirar a su embajador en Caracas denunciando, al igual que Brasil, una “ruptura del orden constitucional”. La Cancillería emitió el jueves un comunicado en el cual confirman que el Gobierno del Perú “condena la decisión” del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela al atribuirse las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional. Así mismo, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, se condenó la decisión.

Por su parte, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, llamó a consultas a su embajador, y el Congreso de Costa Rica pidió aplicar la Carta Democrática Interamericana de la OEA a Venezuela.

De igual manera, Colombia anunció este viernes que llamó para informes a su embajador en Venezuela.

Según explicó la canciller María Ángela Holguín, se trata de un ‘llamado a informar’ para que el Ejecutivo entienda de cerca la situación por la que atraviesa el vecino país.

El Gobierno uruguayo se encuentra evaluando la situación de Venezuela junto a otros países de la región, de cara a emitir un comunicado conjunto, informaron ayer fuentes oficiales. Entre tanto, el presidente Enrique Peña Nieto dijo ayer que México no “puede permanecer indiferente” al ataque frontal a la democracia en Venezuela y por ello ha pedido a la Cancillería que la voz del país se escuche nuevamente en la OEA y en otros foros.

Reunión de la oea

El gobernador opositor venezolano Henrique Capriles anunció que habrá un Consejo Permanente extraordinario de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Venezuela el próximo lunes o martes y pidió a los Estados miembros que declaren que en su país “se rompió el orden constitucional”.

En declaraciones a los medios, tras reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Capriles pidió una declaración que “reconozca esa ruptura” y apoyó “toda sanción”, incluida la suspensión de Venezuela, si no se anula la sentencia del Tribunal Supremo por la que asumió las facultades de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora.

“hay una ruptura constitucional”: fiscal

Ronal Rodriguez, investigador adscrito al observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que “el llamado que hacen los países a sus embajadores es un método de presión que existe y que se suele utilizar cuando un país está tomando acciones que van en contra de su pueblo. Obviamente no todos los países pueden actuar de la misma manera, por ejemplo Colombia tiene unas particularidades que hacen que el procedimiento sea simplemente llamar al embajador a que cuente qué está sucediendo y sobre las posibilidades reales de diálogo que hay en Venezuela en los sectores oficialistas y los opositores, pero más allá de eso, es muy difícil que pueda retirar a su embajador por la relación que existe de frontera y la presencia de compatriotas en ambos lados y que ha venido creciendo desde hace varios años, y porque se tienen una serie de temas como el de seguridad asociado a las bandas criminales en los cuales es fundamental la coordinación de los dos estados, de los cuerpos de seguridad y cortar los caminos puede generar grandes problemas”

Agresión a la prensa

Efe, Caracas

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó ayer que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que este asumió las funciones del Parlamento de mayoría opositora representa una “ruptura del orden constitucional” en el país.

“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...) lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, dijo la fiscal durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público (MP).

Luisa Ortega se refirió al asunto como, su “obligación” de manifestar ante el país su “alta preocupación por tal evento”.

“Llamamos a la reflexión para que tomemos caminos democráticos, y para que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y pluralidad”, invitó Ortega, tras referirse a la Constitución venezolana, elaborada hace 18 años en un proceso constituyente, como el “contrato social” del que participaron todos venezolanos y que no puede desconocerse.

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