viernes 18 de septiembre de 2020 - 12:00 AM

Guaidó se atribuye el poder de decretar el estado de alarma

Pese a la violación del artículo 233 de la Constitución, Juan Guaidó continúa emitiendo órdenes que corresponden a la Presidencia, que está a cargo de todas las instituciones, a excepción de la Asamblea Nacional, único órgano en poder de la oposición.
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El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó publicó ayer un documento en el que señala que ha decretado estado de alarma en la localidad de El Limón (norte) por los daños ocasionados por las lluvias del pasado 9 de septiembre, pese a que se trata de una orden que únicamente puede emitir el Gobierno.

Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por unos 50 países de los 194 que conforman el mundo, nombró entre enero y febrero de 2019 un “gobierno interino” que se sostiene -asegura- en el artículo 233 de la Constitución venezolana, pero el propio texto lo desmiente.

La Carta Magna contempla situaciones excepcionales que no se han dado para que el presidente del Parlamento asuma el mandato en la nación, tal y como procedió el opositor.

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“Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional”, señala la Constitución.

No obstante, Guaidó lleva en esa posición un año y ocho meses, tiempo en el que no ha habido modificaciones de la Carta Magna ni cambios en la situación política del país, razón por la cual los decretos y mandatos emitidos por el opositor carecen de efecto.

Al no darse los requisitos, carece de efecto el siguiente párrafo que precisa que “mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional”, en cuyo hipotético caso sí sería Guaidó.

$!Guaidó se atribuye el poder de decretar el estado de alarma

Pero Nicolás Maduro ya estaba presidiendo el Ejecutivo en su segunda legislatura, tras haber tomado posesión el 10 de enero de 2019, por lo que, si existiera alguna falta que condujese a su salida, asumiría la Presidencia la vicepresidenta ejecutiva, que pasaría a ser la presidenta de Venezuela, quien completaría el período.

De otro lado, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció ayer la apertura de una investigación contra representantes de Juan Guaidó en el exterior, por el supuesto cobro de sobornos para “robar activos” en el Caribe.

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Cinco representantes de Guaidó, dijo Saab, participaron en un contrato firmado en Miami (EE.UU.), que finalmente no se ejecutó, en el que acordaban el cobro de 750.000 dólares a un consorcio que pedía la autorización de la llamada “presidencia interina de Venezuela” para iniciar litigios por activos estatales en 19 países.

Los señalados son Fernando Blasi-Blanchard, Magín Blasi-Blanchard, José Ignacio Hernández, Luis Pacheco y Javier Troconis, este último designado por Guaidó como comisionado presidencial para la “Gestión y Recuperación de Activos”.

Dato
Guaidó lleva en el cargo interino un año y ocho meses, sin modificaciones de la Carta Magna, por lo cual los decretos y mandatos emitidos por él carecen de efecto.
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