viernes 25 de septiembre de 2020 - 12:19 PM

Identificación de estudiante marca sexto aniversario de Ayotzinapa

El actual Gobierno mexicano tiene encima de la mesa dos investigaciones. Una sobre la desaparición de los 43 estudiantes y otra sobre cómo se manipularon las pesquisas por parte de la anterior Administración con el objetivo de dar carpetazo al asunto.
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La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cumple seis años con un vuelco total de la investigación al ser identificados los restos de uno de los jóvenes lejos del lugar donde se suponía que habían sido asesinados y ante el reto de sortear los obstáculos judiciales que bloquean el caso, que todavía hoy convulsiona a México por sus múltiples implicaciones políticas y judiciales.

El hallazgo de huesos de Christian Alfonso Aguilar bajo el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo dio un impulso a la investigación, sino que desterró la versión de la Administración de Enrique Peña Nieto, conocida como “verdad histórica”.

“Viene a ser un replanteamiento total. El hallazgo representa un tiempo, un lugar y unas circunstancias totalmente distintas a las que definió la verdad histórica”, contó hoy Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno y encargado de liderar la nueva investigación

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Según la polémica versión de Peña Nieto (2012-2018), durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula.

Esa “verdad histórica” fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

La primera medida de López Obrador al asumir el poder en diciembre de 2018 fue crear una Comisión de la Verdad con la participación de las familias y la Fiscalía para reiniciar la investigación que dio un primer resultado el pasado julio: la identificación de Christian.

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“No se han dado los pasos que los familiares quisieran ver al llegar al sexto aniversario de los hechos, pero (la identificación) es un paso muy relevante”, comentó María Luisa Aguilar, miembro del Centro ProDh, asociación que apoya a las familias de los estudiantes, puesto que no se identificaba a ningún joven desde 2015.

El hallazgo de Christian fue “una noticia muy dolorosa” para las familias, quienes llevan seis años de lucha en búsqueda de los estudiantes, pero a su vez demuestra que “es importante continuar con los esfuerzos” hechos, explicó Aguilar.

“Hubo participación de un grupo delictivo, Guerreros Unidos, en colusión con distintas autoridades del ámbito municipal, estatal y también federal, donde, por motivaciones muy diversas, enfrentaron al grupo de estudiantes y los desaparecieron”, explicó Encinas, quien no duda en calificar los hechos de “crimen de Estado”.

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Asimismo, contó que por parte de las autoridades “se alteró la escena del crimen, se sembraron pruebas y se fabricó la mal llamada verdad histórica para salir del paso ante una grave tragedia nacional”.

Además, aplicó la tortura para hacer declarar a muchos sospechosos, lo que ha llevado a que jueces liberen a decenas de implicados al vulnerarse sus derechos.

Aunque Encinas no quiere avanzar conclusiones, pues se siguen haciendo más búsquedas y quedan otros restos por identificar, avanzó que un estudio de las llamadas hechas esa noche demuestra que “en ningún momento estuvieron juntos los 43”, otro indicio que contradice la “verdad histórica”.

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El caso Ayotzinapa ha abierto todo un debate legal por la liberación de decenas de implicados que testificaron bajo tortura. De hecho, Tomás Zerón, el que fuera director de la Agencia de Investigación Criminal y quien dirigió los interrogatorios, huyó a Israel y cuenta con una orden de captura de la Interpol por orquestar las torturas.

“(Los jueces) Han liberado a los perpetradores de la desaparición, han dado libertad a personas que fueron torturadas pero también son personas que está acreditada su responsabilidad”, señaló Encinas, quien avanzó que el Gobierno está buscando la forma de procesar de nuevo a los presuntos implicados.

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Pero además, el caso ha demostrado la corrupción dentro del Poder Judicial, pues se han detectado “sobornos” a cambio de liberaciones, como pasó con José Ángel Casarrubias, conocido como El Mochomo, uno de los principales implicados que compró su liberación, pero poco después fue recapturado.

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Aunque los familiares tienen enormes recelos hacia las autoridades tras los encontronazos con el Gobierno anterior, la sintonía con la actual Administración es más positiva por haber relanzado la investigación y contar con ellos.

Sin embargo el hastío es evidente entre los padres y madres de los jóvenes porque desde 2014 solo se han hallado restos de tres estudiantes, se sigue sin conocer el paradero de los otros 40, se desconoce qué les pasó y no hay avances judiciales contra los cerca de 150 investigados, entre sicarios y autoridades.

“El reclamo de las familias es muy claro: deben haber avances en la investigación acompañados de detenciones de los perpetradores y otras fuerzas de seguridad involucradas esa noche y también en contra de quienes manipularon la investigación”, dijo Aguilar.

Desde el Gobierno de López Obrador comprenden la petición de las familias para que haya resultados cuanto antes, pero avisan de que no establecerán “plazos fatales” para cerrar las pesquisas.

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