lunes 06 de julio de 2020 - 7:10 AM

Inédito fallo que golpea libertad de prensa en Panamá

Fueron dos notificaciones judiciales que golpearon directamente al corazón del periódico La Prensa, uno de los más importantes de Panamá: el pasado viernes recibieron la noticia sobre el secuestro del inmueble en el que funciona el diario, mientras que al día siguiente ocurrió lo mismo pero con sus cuentas bancarias.
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Esta acción judicial, que para el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, atenta “directamente contra la libertad de expresión y la democracia”, beneficia al expresidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), quien tiene una demanda civil -de 5,5 millones de dólares por daño moral- contra el medio de comunicación y la compañía que lo controla (Corprensa).

La decisión del juzgado tomó por sorpresa a los accionistas, directivos y periodistas del medio de comunicación, sobre todo porque, tal y como lo afirman, llegó cuando el proceso “aún está en primera instancia y pendiente de fecha para la revisión de las pruebas”.

En diálogo con el periódico El Colombiano, Rita Vásquez, directora de La Prensa, afirma que lo que está ocurriendo “no tiene antecedentes” y, además, es “inadmisible”.

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Explica que la demanda tiene ocho años y solo hasta finales de 2019 se hizo la primera diligencia cuando se presentaron las pruebas. “Esa fase terminó en mayo de este año cuando finalmente aceptaron la documentación de La Prensa. Desde ese entonces lo que se esperaba era que se fijara una fecha para que esas pruebas fueran revisadas por el juzgado; sin embargo, mientras eso ocurría nos dieron esta sorpresa”.

Para la directora de La Prensa, “que el juzgado admita un secuestro por 1,3 millones de dólares no tiene ningún sentido, porque no ha sucedido nada que le indique al expresidente que, en caso de ganar la demanda, no va a poder cobrar sus pretensiones”.

El origen de la demanda

En 2009 La Prensa publicó una investigación, basada en un trabajo de la Fiscalía de Panamá, que involucraba al expresidente Pérez Balladares en el presunto blanqueo de capitales, a través de una empresa que obtuvo una concesión bajo su mandato para operar 500 máquinas tragamonedas.

“A raíz de ese trabajo periodístico, el Ministerio Público abre una investigación y se lleva a juicio al exmandatario”, agrega Rita Vásquez.

Posteriormente el exjefe de Estado es declarado inocente al parecer por un error de procedimiento de la Fiscalía. Tras la decisión, Pérez Balladares decide demandar al medio de comunicación.

Consecuencias

El secuestro de cuentas y acciones por valor de 1,3 millones de dólares afecta de manera directa a 240 personas.

Diego Quijano, Presidente de Corporación La Prensa (Corprensa) afirma que el tema del inmueble “aún no afecta directamente la operación diaria, pero las cuentas sí. Con las cuentas secuestradas no podemos acceder a esos fondos que son utilizados para el pago de proveedores, servicios y la planilla de la corporación”.

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) dijo por su parte en un comunicado que la acción contra Corprensa no solo es un “atentado contra la libertad de expresión” sino que “evidencia las debilidades del Sistema de Administración de Justicia” del país.

Para la Cciap la acción judicial “es de suma preocupación” por el “peligro que sus consecuencias pueden representar para la continuidad operativa de un importante medio de comunicación del país y por ende para la libertad de expresión”.

La directora de La Prensa concuerda en que esto viola la libertad de expresión, pero también el derecho que tienen los ciudadanos de recibir información. Afirma que mientras se conocen más detalles, “pretendemos seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora”.

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