Interpol rechazó la petición de Ecuador para localizar y arrestar al expresidente Rafael Correa, requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta implicación en el secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en 2012.
"El 5 de diciembre de 2018, a las 10:35 (15:35 GMT), la jueza nacional Daniella Camacho Herold recibió un oficio de Interpol en el que la institución internacional explica que suprime los datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado, tras examinar los elementos concernientes a su situación jurídica", según un comunicado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La Interpol ha argumentado su decisión en el hecho de que "la retención de los datos" en el Sistema de Información del organismo "no era compatible con la obligación (...) de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos", precepto que se encuentra en el artículo 2 de sus estatutos.
Con ello el organismo policial rechaza la "difusión roja" solicitada por la Justicia ecuatoriana para la localización y arresto del expresidente, que reside en Bélgica desde junio de 2017, poco después de dejar el poder en manos de sus sucesor y ahora rival político, Lenín Moreno.
En este sentido, la CNJ ha aclarado que la "notificación roja" y la extradición "son trámites independientes" y que la decisión de Interpol está sujeta a "revisión".
La Corte ecuatoriana argumenta que es una decisión "que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Estatuto de la Comisión de Ficheros de Interpol" y que "está sujeta a revisión, conforme lo señala el artículo 42 del mismo estatuto".
El pasado 7 de noviembre la jueza nacional ecuatoriana Daniella Camacho dictó un auto de llamamiento a juicio a Correa y otros tres procesados más por el delito de plagio del exasambleísta Fernando Balda en la capital colombiana en agosto de 2012.
Correa ha negado su implicación en los hechos y aduce que es objeto de una persecución política y que no comparece ante el tribunal ecuatoriano porque no tiene garantizados sus derechos al debido proceso.
Al dictaminar el llamamiento a juicio, la magistrada reiteró su solicitud a Interpol para la captura del expresidente con fines de extradición al país.
