Liberan a 7.000 detenidos durante régimen de excepción en El Salvador

Al menos 7.000 personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción, implementado en El Salvador como parte de una “guerra contra las pandillas”, han sido liberados, según dijo este martes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción marcharon para solicitar un diálogo con el comisionado de derechos humanos. EFE/VANGUARDIA

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, desde marzo de 2022 y, de acuerdo con cifras divulgadas por fuente oficiales, esta medida ha dejado a más de 72.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas.

“A la fecha, son un poco más de 7.000 los que han sido liberados de estos más de 72.000 (capturados). Quiere decir que el sistema de Justicia está funcionando”, apuntó Gustavo Villatoro durante una entrevista en un canal local.

Desde marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, decretó la suspensión del derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.

“Más de un año y medio de régimen de excepción donde queda claro nuestra firma voluntad de erradicar por completo este fenómeno (de las pandillas)”, añadió el funcionario.

El Congreso, de amplia mayoría oficialista, aprobó el pasado 9 de agosto extender por 30 días más la suspensión de varias garantías constitucionales bajo el régimen de excepción, “por la reactivación de miembros de pandillas aún en libertad”.

La nueva extensión entró en vigencia el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre próximo.

Organizaciones humanitarias del país han dado cuenta de más de 5.000 “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.

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El régimen de excepción se ha convertido en la principal medida de seguridad del Gobierno del presidente Bukele para combatir a las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos.

Estas bandas han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.

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