Bajo el yugo del Estado Islámico, miles de mujeres y niños se convirtieron en víctimas de la guerra. Su repatriación es un tema sensible para los países occidentales.
La derrota del Estado Islámico, EI, en los bastiones de Siria e Iraq significó el fin del autoproclamado califato que llegó a gobernar a cerca de ocho millones de personas en los dos países fronterizos.
En su apogeo, el grupo radical islamista atrajo a unos 6 mil combatientes extranjeros que alimentaron las filas del EI. Ahora que prácticamente el califato está acabado, quedan las mujeres, viudas, hijos y huérfanos que terminaron atrapados en una guerra, en muchos casos que no eligieron.
Sus países no los quieren ni quieren hacerse cargo de sus hijos porque han dado a luz a una generación que podría perpetuar el radicalismo o que ha crecido moldeada por la ideología del califato. Así que su destino es incierto.
La ira que provoca el recuerdo del Daésh, también llamado Estado Islámico, ha alimentado la discriminación, el estigma y la exclusión de estas mujeres y niños hacinados en campamentos de refugiados en el este de Siria.
Se han convertido en apátridas, viven en condiciones difíciles, expuestas a la insolación, la hipotermia, desnutrición y enfermedades, víctimas silenciosas de las decisiones de sus padres.
Uno de los casos más mediáticos es de Shamima Begum, una joven británica de 19 años que en febrero pasado fue despojada de la ciudadanía británica. Dejó Reino Unido hace cuatro años para unirse al EI en Siria. Se casó con un militante holandés actualmente detenido.
Actualmente, Shamima permanece en un campo de refugiados luego de perder a su tercer hijo por neumonía, mientras espera que su país la acoja de nuevo.
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¿En el limbo?
Hay por lo menos 55.000 miembros del Estado Islámico y sus familias detenidos o viviendo en Iraq y Siria, aseguró la semana pasada la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. De esta cifra, cerca de 12 mil son menores de 12 años.
Esta situación plantea un dilema jurídico, ético y legal sobre la suerte y la responsabilidad de los estados, frente a las familias de milicianos que juraron lealtad al califato y destruir a Occidente. El debate es más apremiante que nunca.
Víctor de Currea-Lugo, profesor universitario, escritor, trabajador humanitario, y periodista, aclara que el problema de las mujeres y niños del Daésh, no tiene que ver con un tema jurídico sino político.
“Jurídicamente tienen derecho a regresar a sus países porque tienen pasaportes, pero (los países) no los dejan regresar, es una cuestión política”, argumenta De Currea-Lugo, quien recientemente visitó el campo de refugiados Roj, cerca de la ciudad de Qamishli, al norte de Siria.
En su opinión, la comunidad internacional alega el respeto al derecho internacional y a los principios internacionales para entrometerse en conflictos armados de otros países, para imponer sanciones y decidir políticas, “sin embargo, cuando esas mismas normas internacionales implican obligaciones para Estados Unidos y Europa, miran para otro lado”.
Considera que lo que está pasando es una “injusticia”, porque es un castigo colectivo, porque no se está individualizando la responsabilidad. Segundo, porque se está criminalizando a civiles que son simplemente refugiados o desplazados de la guerra, y por último, se está desconociendo la presunción de inocencia.
En cuanto a la atención humanitaria, De Currea-Lugo señala que si bien hay organizaciones que trabajan en el terreno, afirma que el problema de fondo es que organismos como la ONU no están hechos para desarrollar acciones humanitarias sino para garantizar el derecho internacional.
“La Unicef o la OMS pueden portarse muy bien, pero el deber general de la ONU es garantizar el cumplimiento de esos pactos, entonces no es suficiente con repartir arroz, sino que la repatriación de esas personas en qué queda, entonces hay una doble moral de ellos”, se cuestiona el experto.
Pasar por encima de la ley
Benjamín Herrera, profesor del Departamento de Relaciones internacionales de la Universidad Javeriana, explica que los niños y las niñas o han nacido o han crecido en un medio fundamentalista radical, “lo que es un pleonasmo pero necesario”, por ley tienen la nacionalidad de los padres franceses, ingleses, alemanes, etc.
Su percepción es que el tema no tiene nada que ver con un limbo o dilema legal, “sino más bien de cómo evitar pasando por encima de la ley que puedan expresar y difundir su ideología en sus países de origen”.
