Macron deja a la Justicia el futuro de su ministro acusado de violación

“La Justicia es la única que puede y debe decidir”, subrayó la portavoz del Gobierno, Olivia Grégoire, cuando se le preguntó en conferencia de prensa tras el primer Consejo de Ministros sobre si se va a mantener a Damien Abad como ministro de Solidaridad y de las Personas con Discapacidad.

La portavoz insistió en que por el momento no hay ningún procedimiento judicial abierto contra Abad y que, si bien una mujer presentó dos veces una denuncia, fue archivada en los dos casos, en 2012 y en 2017.

El pasado sábado el portal de información Médiapart publicó los testimonios de dos mujeres que lo acusan de violación (una de ellas la que formalizó la denuncia) y también que una asociación feminista había advertido al partido del presidente de esos hechos.

Sin embargo, Grégoire precisó que, según los elementos que tiene, “ningún miembro del Gobierno estaba al corriente” antes del nombramiento de Abad al frente de la cartera de Solidaridad.

También indicó que la nueva ministra, Élisabeth Borne, quiso mantener un encuentro ayer con él donde le recordó el compromiso del Gobierno y el suyo personal para luchar contra la violencia de género y también que actuará en función de las actuaciones judiciales.

La portavoz no quiso, en cualquier caso, adelantar si la simple apertura de una investigación judicial implicaría la salida de Abad del Gobierno o si en nombre de la presunción de inocencia habría que esperar a su inculpación o a su condena. Evitó hacerlo con el argumento de que no iba a entrar a comentar hipótesis.

Prefirió establecer una doctrina sobre los principios al repetir que “el Gobierno está del lado de las que, después de ser agredidas o acosadas, tienen el inmenso valor de hablar”, pero también de las que se mantienen en silencio, y que trabajará para “liberar la palabra” y para que lleven sus casos ante la Justicia.

Abad se ha convertido en la primera piedra en el zapato del Ejecutivo formado por Macron tras su reelección el pasado 24 de abril para un nuevo mandato de cinco años.

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Un Ejecutivo cuya gran prioridad en las próximas semanas es el poder adquisitivo con la vista puesta en las elecciones Legislativas del 12 y del 19 de junio en las que el presidente se juega conseguir o no una mayoría suficiente para aplicar su programa.

La concreción de esa gran urgencia es un proyecto de ley que se presentará antes de esos comicios para que pueda ser debatido en el Parlamento inmediatamente después y que incluirá medidas para mantener la congelación de los precios de la electricidad y del gas y para incitar a las empresas a que aumenten la remuneración de sus trabajadores.