lunes 30 de diciembre de 2013 - 10:04 AM

Más de 1.000 personas están en proceso de reintegración en Norte de Santander

Actualmente, 1.008 personas, antiguos miembros de las guerrillas de las Farc, Eln, Epl, Erp y de las Autodefensas Unidas de Colombia, hacen parte del proceso de reintegración que el Gobierno les ofrece a todo aquel que decida libre y voluntariamente dejar las armas.

Estas personas, 643 de las cuales están en Cúcuta, son acompañadas por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), cuyo coordinador regional, Tyrone Rodríguez, explicó a La Opinión en qué consiste dicho proceso de reintegración que va desde los 2 años y medio hasta los 6.

“Lo primero que se hace con una persona que deja la guerra, es decir, que se desarma y se desmoviliza, es certificarla, pues al proceso de reintegración no entra una persona si no está certificada, si no acredita que es un desmovilizado”.

Según Rodríguez, el proceso de reintegración que se adelanta en Colombia hace parte de una política mundial que se conoce como DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración a la vida civil) y que se aplica en los países con conflictos armados internos como una medida alterna de solución de los mismos, que busca la desarticulación de los grupos armados al margen de la ley.

“En los 2 años y medio del proceso, que es el común denominador, los participantes dejan de ser llamados desmovilizados, como parte de la estrategia en materia sicosocial para ir cambiando sus pensamientos y los de la comunidad en general sobre estas personas”.

El coordinador regional de la ACR indicó que una persona en proceso de reintegración recibe beneficios sociales, económicos y jurídicos.

El beneficio jurídico es el que le permite estar en libertad para desarrollar su proceso, mientras que los beneficios sociales son varios. El primero de ellos es la vinculación del participante y de su núcleo familiar a los servicios de salud del Estado.

“Otro beneficio social es la formación académica que abarca un mundo de posibilidades para todos ellos. Por ejemplo, a las personas que no saben leer ni escribir, se les enseña. Si ya tienen estos conocimientos básicos, se les matricula para que cursen estudios de primaria y bachillerato. Una vez se gradúan, o antes, incluso, reciben formación para el trabajo, en alianza estratégica con el Sena a nivel nacional”, agregó.

Estas personas tienen la posibilidad de formarse en una vocación laboral, que siempre va a estar mediada por los gustos de cada uno. En este sentido, reciben formación en panadería, mecánica o, en el caso de las mujeres, pueden formarse como estilistas.

“Los educamos y capacitamos laboralmente para que, una vez graduados, pasen a gozar de los beneficios económicos, que no son otra cosa más que la ayuda que el Estado les ofrece para que monten un ‘plante’ en el oficio que han aprendido”.

Este ‘plante’ o unidad productiva, sirve como garante en el tema de no repetición o reincidencia del participante en el proceso.

Durante los dos años y medio las personas reciben acompañamiento sicosocial por parte de un sicólogo que les ayuda en su proceso de readaptabilidad, en su proceso de integración a la sociedad como nuevo ciudadano que ejercita sus derechos civiles.

Cuando una persona surte todo este camino es que se puede llamar a su proceso como culminado.

Ahora bien, todas estas personas no solo reciben beneficios sino que también retribuyen al Estado de muchas maneras.

“Todas ellas deben cumplir con el compromiso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En el tema de la verdad, los participantes cumplen yendo al Centro de Memoria Histórica a contar su historia desde antes, durante y después de haber estado en el grupo al margen de la ley al cual pertenecieron. La verdad que cuentan en el Centro de Memoria Histórica no se da dentro de un espacio judicial y por tal razón no puede ser usado en su contra”.

En el tema de justicia cumplen cuando acuden a los llamados que les hace la Unidad Nacional de Fiscalías para Desmovilizados a contar la verdad de lo que saben e hicieron en un ámbito, esta vez eminentemente judicial.

Con sus testimonios ayudan a desentrañar procesos que durante años han estado estancados o no se han podido resolver por falta de testimonios que den cuenta de lo sucedido.

Adicional a esto, los participantes realizan acciones de servicio social que, de alguna manera, constituyen un proceso de reparación simbólica que no riñe con la que pueda ser ordenada por un juez de la República dentro de las sentencias que emite.

En Cúcuta, por ejemplo, a principio de año se hizo una limpieza del río Pamplonita que se extendió por más de 4 meses y que contó con la participación de 251 participantes del proceso de reintegración. Estas personas no solo vinieron de diferentes partes del departamento sino también de algunas poblaciones venezolanas donde se han asentado con sus familias.

“La garantía de no repetición de la que habla la Corte Penal Internacional se constituye a partir de la entrega que se hace a la sociedad de las personas que participaron del proceso de reintegración, teniendo la capacidad de autosostenerse en materia sicosocial y económica”.

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