viernes 29 de marzo de 2019 - 12:00 AM

Por las buenas o a los gritos

En un escenario donde una salida política a la crisis interna se torna complejo, Nicaragua avanza en una negociación entre Gobierno y opositores. Mientras tanto, su presidente Daniel Ortega está en la mira de Estados Unidos.

En un contexto de diálogo, Nicaragua se debate entre la expectativa y la pesimismo.

A medida que avanzan las negociaciones, iniciadas el pasado 27 de febrero, varios obstáculos se plantean en el camino: los más de 700 detenidos por manifestarse contra el Gobierno, una economía en declive, un alto nivel de desconfianza de las partes y la negativa oficial de “garantes internacionales”.

Son puntos en discordia de la agenda, que se suman a las demandas de esclarecer la presión, dar plenas garantías a la libertad de prensa y de movilización, allanar el camino a reformas al aparato estatal y el llamado a elecciones por parte de la oposición.

Aunque muchos han apostado por darle confianza al diálogo, otros aseguran que el presidente Daniel Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años a quien acusan de atornillarse en el poder, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, solo ha cedido a la presión internacional y a la cúpula empresarial, pero no tiene voluntad alguna de negociar para llegar a acuerdos políticos serios.

Así las cosas, lo que realmente está en juego es la credibilidad y la legitimidad de un proceso de diálogo a efectos de conjurar la crisis que estalló en abril de 2018 en contra de reformas al sistema de seguro social, con saldo trágico de al menos 325 muertos, 1.300 heridos y miles de exiliados.

“Venezolanización”

Para Alexander Arciniegas, profesor de la Universidad de Santander, el escenario parece apuntar a una “venezolanización” de la situación en Nicaragua.

Si bien el gobierno de Ortega y su contraparte la Alianza Cívica, acordaron liberar a los presos de las más recientes protestas en un plazo de 90 días, reconoce que esto está empantanado en virtud de las cuestiones operativas para la participación de la Cruz Roja Internacional.

Se refiere también a las discrepancias entre las partes en torno al número de personas que deben ser liberadas, que para la Alianza Cívica son más de 600 mientras el Gobierno solo reconoce la mitad.

A todas luces, considera que es un “aspecto difícil de superar y que puede dar al traste con los actuales diálogos es el pedido de la oposición de elecciones anticipadas asunto que para Gobierno está fuera de discusión”.

Pero no descarta que través de la negociación, Ortega se vea obligado a ceder un poco “a efectos de reducir el costo político que le traería el conflicto, porque a ningún gobierno le sirve una situación de inestabilidad o de violencia abierta”.

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No hay certeza

Carlos Andrés Pérez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, sostiene que el acuerdo de liberación de presos políticos pareciera ser un tiempo muy prolongado para tomar una decisión que la comunidad internacional está esperando.

Adicionalmente insiste, que ésta viene colocando en tela de juicio la actuación como tal del Gobierno, toda vez que evidentemente los opositores han venido castigando fuertemente las políticas de Ortega.

Igualmente recalca que lo que se ha hecho con el tema de represión, repercute en la negativa de querer literalmente llegar a un “acuerdo claro, conciso y concreto” de la crisis interna.

En ese orden de ideas, Pérez señala que la comunidad internacional, de igual forma, ve este tema casi que sifuera una dilación de los procesos para evitar posibles sanciones que se puedan fraguar contra el gobierno de Ortega.

Iglesia, fuera

Entonces, observa que la situación en Nicaragua no es nada fácil, es compleja. Especialmente ahora que la Iglesia Católica, que ha acompañado la negociación, se levantó de la mesa, hecho que agudiza la situación, anota el experto.

A su juicio, la comunidad internacional también se ha vuelto un poco escéptica porque el presidente Ortega, en el poder desde 2007, no quiere llamar a elecciones “porque teme su futuro y lo que pueda pasar”, así que no descarta que también baraje la opción de que esté buscando una amnistía.

En el plano internacional, advierte que la OEA está pensando en aplicar la Carta Interamericana, e incluso suspender de manera temporal la participación del país centroamericano bajo el seno de la organización.

A esto, dice, se le suman, las posibles sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos en caso de que el mandatario nicaragüense no dé señales de poder negociar de verdad con sus opositores, que se traduzca en hechos reales y tangibles que puedan llevar a feliz puerto el diálogo y convocar a elecciones, “cosa que parece incompatibles con los sentimientos que tiene Ortega”.

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El riesgo: retorno de la violencia
Mientras el diálogo se empantana y un sector de la oposición representado por la Unidad Azul y Blanco (Unab) llama a nuevas movilizaciones contra el Gobierno, el docente Alexander Arcniegas advierte que se corre el riesgo de que la dinámica política vuelva a ser marcada por violentas manifestaciones y abusos por parte de las fuerzas de seguridad en Nicaragua.
Esa parálisis, según él, puede ser aprovechada por sectores radicales y violentos tanto del oficialismo como de la oposición, “para echar a andar sus estrategias más extremistas”.
En este contexto, subraya, Estados Unidos a través del asesor de Seguridad de la Casa Blanca, Jhon Bolton, habla de un eje del mal integrado por Nicaragua, Cuba y Venezuela, lo cual es “una postura que tampoco contribuye a impulsar la actual mesa de negociación” en el país centroamericano.
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