Álex Saab compareció la semana pasada por primera vez ante el juez estadounidense en Miami John OSullivan, que le notificó su imputación por lavado de dinero.
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la Corte de EE.UU. donde enfrenta cargos de lavado de dinero, controlar la divulgación ilegal de videos tomados de las audiencias realizadas por Zoom en las que él participe.
Varias fotos y videos de la primera comparecencia de Saab en un tribunal de Miami, llevada a cabo el pasado 18 de octubre, fueron publicados en medios y portales de internet pese a que es ilegal.
Por lo menos 350 personas, el máximo que permite la plataforma de Zoom, llegaron a estar conectadas a la audiencia ese día, en la que se mostró a Saab con el uniforme color naranja de reo y el pelo largo y suelto desde una celda de la prisión federal en la que está recluido desde su extradición desde Cabo Verde.
Saab, quien tiene la segunda audiencia el próximo lunes 1 de noviembre, solicitó “que la Corte tome las medidas razonables para prevenir nuevas violaciones de la Regla 53”, que prohíbe esas grabaciones y publicaciones.
El reo, de 49 años y quien fue extraditado el pasado 16 de octubre, urgió a la Corte “exigir que el público acceda a futuras audiencias por teléfono y limitar el acceso a los videos sólo a las partes necesarias, la familia del Sr. Saab y un número limitado de prensa acreditada y organizaciones con un historial demostrado de adhesión a las restricciones de la Regla 53”.
En la moción, presentada por el abogado Henry P. Bell, Saab solicitó permitir la participación solo a aquellos que “afirmen que cumplirán con la Regla 53 antes de ser admitidos” a las audiencias que se están realizando por Zoom debido a la pandemia.
Durante la primera vista, aunque el juez John O’Sullivan aclaró a la prensa que es “ilegal” la grabación y publicación de videos, fotos o audios de la audiencia, fue masiva su publicación por las redes sociales.
Por su parte el juez Robert N. Scola solicitó ayer a la Fiscalía de EE.UU. pronunciarse sobre la petición de la defensa de Saab, presentada el pasado martes, y señaló que una vez lo haga, fallará sobre esa moción. “Este Tribunal abordará este tema para todas las audiencias futuras”, dijo Scola.
Scola subrayó que “confiaba” que los jueces “tomarán las medidas adecuadas para abordar las preocupaciones del demandado”.
Se prevé que en la audiencia del próximo lunes la defensa de Saab pedirá su libertad bajo fianza, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos que tiene puestos los ojos en una posible delación de las presuntas implicaciones del Gobierno de Maduro con el esquema de corrupción y lavado de dinero.
La acusación señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.
Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron desde Venezuela, a través de EE.UU., 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, según la Fiscalía.
El Departamento de Estado estableció el viernes pasado una recompensa de 10 millones de dólares para quien de información sobre el paradero de Pulido, además de señalar que cree que vive en Venezuela.
Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en EE.UU. (siete de blanqueo de capitales y uno de conspiración para cometer ese delito) implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), según recordó el Departamento de Justicia.
