miércoles 28 de abril de 2021 - 12:00 AM

Senado de Brasil investiga a Bolsonaro por posibles omisiones en la pandemia

La comisión determinará si el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro tiene alguna responsabilidad en el agravamiento de la crisis sanitaria por la COVID-19.

El Senado brasileño instaló ayer una comisión para investigar posibles omisiones del Gobierno de Jair Bolsonaro ante la pandemia de la COVID-19, que está controlada por la oposición y será desde ahora una piedra en el zapato del mandatario.

La comisión, con 11 miembros titulares y siete suplentes, tiene apenas cuatro senadores alineados con Bolsonaro y determinará si el Gobierno tiene alguna responsabilidad en el agravamiento de la crisis sanitaria, cuando Brasil se acerca a los 400.000 muertos y ya duplicó en cuatro meses de este año el total de fallecidos en 2020.

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El grupo podrá convocar a declarar ministros y otras autoridades y de hecho ya se planteó el propósito de interrogar al titular de la cartera de Salud, Marcelo Queiroga, y a sus tres antecesores, que sucedieron en el cargo ya en plena pandemia.

En la primera sesión fue elegida la directiva de la comisión, que será presidida por Omar Aziz, del Partido Social Democrático (PSD), una formación de centro que se declara independiente.

Según varias encuestas, el 86% de los brasileños conoce a alguien que murió por COVID-19.

Como vicepresidente fue electo el senador Randolfe Rodrigues, del partido ecologista Rede y uno de los más duros críticos de Bolsonaro en el Parlamento.

El cargo de instructor, clave para el curso de la investigación, recayó en Renan Calheiros, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), un partido de centroderecha que no oculta su carácter opositor.

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El bolsonarismo intentó impedir la elección de Calheiros como instructor hasta por la vía judicial, con el argumento de que el senador ya ha declarado su convicción de que Bolsonaro ha sido “omiso”, “negacionista” e “incompetente” frente a la pandemia.

Sin embargo, se impuso la mayoría en una comisión que tendrá 90 días para investigar, aunque sería prorrogado, y deberá concluir con un informe que, según sus conclusiones, puede ser remitido a los tribunales para el inicio de un proceso judicial.

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