La discriminación social e intolerancia respecto a la diversidad, sumado a la ausencia de investigaciones efectivas, y la falta de prevención, penalización y reparación de los crímenes cometidos contra personas Lgbti son elementos que conducen a su tolerancia e impunidad.
Así lo revela un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, el cual resalta que la impunidad en relación con las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y otros actos graves de violencia contra estas personas es generalizada.
Además, dice que incluso existen países en los que la violencia está alimentada por la legislación, ya que existen leyes que criminalizan las relaciones sexuales en privado entre personas adultas del mismo sexo, leyes que protegen la “moral pública”, y protocolos médicos sancionados por el Estado que permiten la violencia médica contra las personas intersexuales.
De otra parte, el informe presentado este lunes evidencia la persistencia de la violencia en el continente contra estos grupos, o aquellas personas percibidas como tales, en todas las esferas de la vida pública y privada, e incluso en países con grandes avances en leyes y políticas públicas en favor de sus derechos.
Denuncia además las múltiples formas de violencia, que frecuentemente involucran altos niveles de crueldad, “dirigidas a castigar las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas o a las personas cuyos cuerpos difieren del estándar de corporalidad femenina y masculina”.
Adicional a ello, evidencia el predominio de una amplia discriminación, intolerancia e irrespeto respecto de orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y personas pertenecientes a dicha comunidad.
Agrega que los Estados, a través de su acción u omisión, generan esta discriminación e intolerancia, y en algunas oportunidades incluso la refuerzan, al tiempo que señala que las sociedades en el continente están dominadas por principios de “heteronormatividad, cisnormatividad, y los binarios de sexo y género”.
Sin embargo, la Cidh reconoce ciertas medidas positivas adoptadas por los países en la región, pero resalta que, en general, los Estados de la región no han integrado un abordaje diferenciado que tenga en cuenta el marco jurídico interno, las políticas públicas y las iniciativas y programas dirigidos por el Ejecutivo.
Recordó que desde 2009, la Asamblea General de la OEA ha instado a los Estados a garantizar que los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas motivadas por su orientación sexual e identidad de género sean investigadas, y que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
La OEA instó a los Estados a fortalecer sus instituciones nacionales con miras a prevenir e investigar de manera efectiva los actos de violencia y violaciones de derechos humanos de personas Lgbti, y proporcionar reparaciones adecuadas y protección judicial a las víctimas.
