La proclamación de la firma del decreto convocando a la población a responder las preguntas de la consulta popular representa una presión hacia el Senado para que le apruebe la reforma laboral, tal como lo había hecho la Cámara.
El Gobierno Nacional impone por decreto la consulta popular. Obstinación que lo ha llevado a transgredir la Constitución y exceder las funciones constitucionales y legales, al invadir y desconocer las competencias que el mismo marco jurídico le asigna al Congreso y a la Rama Judicial. Esta estrategia amenaza al Estado y a la escasa democracia que nos queda.
La proclamación de la firma del decreto convocando a la población a responder las preguntas de la consulta popular representa una presión hacia el Senado para que le apruebe la reforma laboral, tal como lo había hecho la Cámara. Se empleó la “Excepción de inconstitucionalidad” para inaplicar el acto general de contenido electoral y definitivo que proclamó el resultado de la votación en el Senado, un requisito previo exigido por la Constitución para su validez, tal como lo expresó la Sección Quinta del Consejo de Estado en su providencia del 28/05/2025, con el que admitió el trámite del medio de control de nulidad contra el mismo.
Esa es una facultad y una obligación de las autoridades administrativas en situaciones particulares (como el acto de votación del senado), cuando la norma que será aplicada infringe de manera explícita la Constitución. Sin embargo, las tres líneas que la Corte Constitucional ha expuesto en relación con dicha excepción no detallan las motivaciones que el ejecutivo presenta contra el acto en cuestión. Sin embargo, ha sido perentoria en demandar que la contradicción con la Constitución debe ser manifiesta, palpable y evidente, que se vea con un simple cotejo con la misma. En caso contrario, no sería posible inaplicar el acto excluido.
En consecuencia, es evidente que los requisitos que el decreto menciona no cumplen con las exigencias legales para su aplicación. Como resultado, se presume que el presidente y sus ministros han cometido el delito de prevaricato.
Lamentablemente, esa obsesión del presidente con la consulta, como es de conocimiento público, no es para proteger los derechos laborales, sino para emplearla como un instrumento de campaña con fondos de los impuestos, con el fin de fortalecer a la izquierda y promover a los candidatos que aspira a llevar al Congreso en las elecciones de 2026. El propósito no es alcanzar la presidencia, sino obtener mayorías en ambas cámaras, lo que le permitirá acabar con la división de poderes, los frenos y contrapesos, e imponer el autoritarismo.
Dicha conducta está provocando división, odio y violencia, tal como se evidencia en lo que ha ocurrido con el senador Miguel Uribe Turbay, una situación que podría propagarse a otros aspirantes. Sin embargo, eso resulta indiferente para él, incluso la violencia que prevalece en la nación, solo el objetivo que busca. Entretanto, la población se encuentra desamparada, desarmada e indefensa.
