El panorama quedó expuesto en el debate que se generó entre el ministro de justicia Eduardo Montealegre y el profesor universitario Mauricio Gaona. Aquel considera que es posible convocar una asamblea constituyente de origen popular para “saltarse” la intervención del Congreso.
Tan pronto el Congreso aprobó el proyecto de reforma laboral, el presidente de la república anunció que derogaría el decreto que convocaba a la consulta popular porque era innecesario. El anuncio fue más allá. También dijo que en las elecciones de marzo del año entrante se entregará una papeleta para convocar una asamblea nacional constituyente. Quiere reformar la Constitución.
El único antecedente de esa clase lo representa el proceso liderado por estudiantes universitarios que comenzó a gestarse en 1989 y culminó el 4 de julio de 1991 con la expedición de la actual Constitución. Solo que las condiciones eran completamente distintas. Comenzando por el hecho de que el régimen derogado solo permitía su reforma a través de la intervención del Congreso.
El actual, en cambio, es más flexible. Permite que las reformas, además, se hagan a través de un referendo o de una asamblea constituyente. Las bondades son significativas. En 34 años de vigencia, entre actos legislativos, referendo y consulta popular, ha tenido 60 modificaciones. Tres de ellas durante el actual periodo presidencial. La Constitución anterior en 104 años de vigencia fue reformada en 74 ocasiones.
Pero, por lo que parece, lo que al presidente y al gobierno les incomoda es que el mecanismo esté concebido para que intervengan las tres ramas del poder público. Los pesos y contrapesos establecidos para evitar que el poder se concentre en una sola de ellas y se abuse de él.
El panorama quedó expuesto en el debate que se generó entre el ministro de justicia Eduardo Montealegre y el profesor universitario Mauricio Gaona. Aquel considera que es posible convocar una asamblea constituyente de origen popular para “saltarse” la intervención del Congreso. Una suerte de “atajo” constitucional para eludir un “bloqueo institucional” que en realidad no existe. Éste lo refuta y le hace ver que el sistema no contempla ese escenario, que la tesis desdibuja el concepto de democracia participativa y representativa, y que desconoce –avasalla– las bondades y seguridad que brindan los pesos y contrapesos.
Lo de la “papeleta”, entonces, visto desde la óptica de la regulación constitucional vigente y de la normativa que la desarrolla, no deja de ser un despropósito; como lo fue el decreto con el que se amenazó la institucionalidad convocando una consulta popular, suspendido, por inconstitucional, por el Consejo de Estado, y derogado, por el gobierno, por “innecesario”. Por eso hay quienes consideran que el verdadero propósito de la iniciativa espuria es abrirle camino a la reforma del artículo 197 constitucional, el único bastión que impide la reelección presidencial.
El sistema demostró su fortaleza. Los embates, velados o no, de modificarlo no han prosperado. Los pesos y contrapesos volvieron a funcionar. Confiemos en que sigan resistiendo.
