Al paso que vamos la o el próximo mandatario de los colombianos podrá ser un remedo de superhéroe con capa, un precandidato herido en un atentado que se debate entre la vida y la muerte o un libretista de narconovelas que mutó a activista político. Eso reflejan, ciertamente, los resultados de las encuestas de opinión publicadas por diferentes medios de comunicación, en el último mes, sobre la intención de voto en el país a menos de un año de las presidenciales.
El más reciente sondeo incluyó el nombre de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, esta semana, abriendo el debate sobre la conveniencia de hacer esta clase de mediciones, en cualquier momento, aprovechándose de situaciones coyunturales como una tragedia personal para exponer impunemente sus nombres, recurso a todas luces sensacionalista, el cual puede influir en la percepción del electorado acudiendo al dolor y la conmoción social.
Las encuestas son, como lo dijo el desaparecido líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, lo más parecidas a una morcilla. Es mejor no saber de qué están hechas por dentro a sabiendas de que su intención es paga por intereses, de todo tipo, que buscan generalmente posicionar preferencias de nombres en la opinión pública. Funcionan también, de cierta forma, como referencias en las hojas de vida de aquellas y aquellos que, a cambio, buscan hacerse visibles para ocupar, luego, algún cargo como funcionaria o funcionario. Ejemplos abundan acá y acullá.
Un proyecto presentado por las senadoras Paloma Valencia, Angélica Lozano y Clara López, de tendencias ideológicas contrarias, cuyo objetivo es poner en regla precisamente la realización y difusión de encuestas políticas, buscando mayor transparencia, rigor metodológico y responsabilidad en su divulgación, está a punto de ser ley. Esta iniciativa, que para ciertos analistas avanzó sigilosamente en la legislatura que concluye hoy en el Congreso de la República, ha dejado un sinsabor en medios de comunicación y firmas que miden la opinión, quienes elevaron su voz para defender el derecho a la información.
La norma establece restricciones en la publicación de sondeos de intención de voto, exigiendo márgenes de error menores al 3 %, cobertura en municipios de más de 800.000 habitantes y entrega de datos anonimizados al Consejo Nacional Electoral. Además, limita la divulgación de encuestas a tres meses antes de las inscripciones oficiales de candidaturas. El texto, al que solo le resta la firma del presidente Petro para ser ley, busca “garantizar la igualdad de acceso a la información” y “la transparencia de los datos en aras de aumentar la confiabilidad”.
Ya las encuestadoras preparan su demanda mientras que Batman -no es broma- y más de setenta ‘aspirantes’ alistan sus campañas. Quizás ese sea el remedio para acabar con tanto bufón.
