Con la negativa de Nicaragua a extraditar a Carlos Ramón González (CRG) se consolida un vergonzoso episodio del actual gobierno, la fuga de uno de los principales responsables del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Se trata de uno de los personajes más cercanos al presidente Petro. Se conocen desde el M-19 en Santander, coincidieron en el ejercicio político como desmovilizados y recientemente CRG jugó un papel fundamental en la adhesión de la mayoría del Partido Verde a la campaña de Petro. En las pasadas elecciones, CRG le prestó 750 millones de pesos al partido Colombia Humana y 3.500 millones al Verde.
Ya en el gobierno y a pesar del antecedente de haber sido condenado por hechos relacionados con corrupción cuando fue concejal de Bucaramanga, Petro nombró a CRG director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). De acuerdo con la Fiscalía, desde este importante cargo, CRG coordinó una megaoperación de corrupción para sobornar a congresistas, entre ellos los entonces presidentes del Senado y la Cámara. Le imputaron los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y enriquecimiento ilícito.
Las actuaciones del Gobierno sugieren más interés en la impunidad que en la justicia. El primero en contribuir a ese propósito fue el propio Petro, quién después de que estallara el escándalo, nombró a CRG en la Dirección Nacional de Inteligencia, cargo ideal para encubrir los presuntos delitos que habría cometido desde el DAPRE.
Posterior a su salida del gobierno y ya en calidad de indiciado en un proceso penal, funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitaron la residencia para CRG, la cual una vez obtenida, sirvió para tramitar su asilo. Después, con la fuga consumada, el Gobierno de Colombia solicitó la extradición de CRG, negada por el Gobierno de Ortega y justificada por Petro en los antiguos vínculos del M-19 y la guerrilla sandinista. Como prueba de la pantomima, Daniel Coronell reveló que el Embajador encargado que solicitó la extradición de González, vivió hasta la semana pasada en la misma casa con el prófugo.
Desafortunadamente, el Gobierno de Petro carece de autoridad moral para criticar el abusivo uso del asilo para encubrir a corruptos, pues ha contribuido a desnaturalizarlo al concederle la figura al expresidente panameño Martinelli condenado por corrupción.
El 2 de octubre de 2019, el entonces senador Petro escribió en su cuenta de X: “La fuga de Aída (Merlano) es una fuga de Estado”. Pues bien, si entonces existían motivos para sostener esa afirmación, lo acontecido con CRG evidencia que la fuga es responsabilidad política del Estado, cuya cabeza ahora es Gustavo Petro.
