La semana pasada el alcalde Portilla manifestó: “Ha llegado el momento de transformar las estaciones de lo que antes se llamaba Metrolínea y que ahora se convertirá en un nuevo sistema de transporte masivo metropolitano”.
¿En qué consiste el nuevo sistema anunciado y cuáles estudios lo sustentan? Interesa conocer la demanda que se espera atender y las alternativas examinadas. También, qué revisión se hizo de las fallas con las que fue implantado Metrolínea. ¿Las estaciones se rehabilitan porque corresponden al modelo seleccionado o, por el contrario, la operación se está definiendo a partir de la infraestructura disponible? ¿El portal PQP seguirá siendo símbolo de corruptela y desgobierno?
¿Qué presupuesto se ha estimado para sostener el servicio después de reparar las estaciones? La inversión de $12.000 millones no responde esa pregunta. Los estados financieros de 2025 registran grave deterioro patrimonial y condicionan la continuidad de Metrolínea a medidas de recuperación y nuevas fuentes de financiación. ¿Cómo se cubrirán los costos operativos y quién atenderá los eventuales faltantes? La recuperación física puede comprobarse al terminar los trabajos; en cambio, la sostenibilidad necesita una evaluación diferente.
¿Qué ocurrió con las obligaciones de conservación de los bienes? El convenio interadministrativo 348 de 2018, celebrado entre Bucaramanga y Metrolínea, entregó a esta última una infraestructura en administración, con compromisos expresos en aseo, mantenimiento, reparaciones locativas, vigilancia y seguridad. Antes de fijar responsabilidades respecto a las estaciones objeto de la restauración, corresponde identificar cuáles están incluidas en el inventario. ¿Qué estableció la supervisión bipartita sobre el cumplimiento de las obligaciones y qué actuaciones se adelantaron ante los daños? La explicación que sigue pendiente incluye las pólizas contratadas y la destinación de las indemnizaciones que se hayan recibido.
¿Qué evaluación respalda hoy la continuidad del ente gestor? ¿El gobierno ADLE aportará recursos adicionales? En 2023, la Asamblea de Accionistas recomendó avanzar hacia la disolución y liquidación. En 2025, haciendo uso del poder estatutario, la Nación no la autorizó y ordenó medidas de recuperación. Ahora, el Municipio presenta la rehabilitación de estaciones como parte de esa estrategia. ¿Qué condiciones financieras han cambiado desde que se consideró inviable la empresa? Mantener la sociedad y garantizar el transporte son asuntos relacionados, pero no equivalentes.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que cambiará en el sistema, además del nombre. Necesita conocer cómo funcionará y se financiará el servicio, al igual que tener claridad sobre las obligaciones de las entidades que lo sostendrán. Recuperar estaciones solo esconde el desgreño administrativo que dejó estos bienes públicos al garete. ¿Cómo se evitará que esa inversión vuelva a ser fallida al persistir las mismas dificultades que llevaron a tramitar la liquidación de Metrolínea?
