El sistema de transporte masivo para el área metropolitana de Bucaramanga-AMB- comprende a las autoridades territoriales, al sistema de recaudo, a los operadores de los buses, la infraestructura para hacer viable la operación y por supuesto una empresa gestora que para el caso se constituyó como sociedad anónima y cuya razón social es Metrolínea SA. Quince años después la empresa no es viable y los habitantes del territorio no contamos con un sistema de transporte público mínimamente aceptable habiendo optado por los vehículos piratas, el mototaxi, y unas rutas con buses viejos sin planeación adecuada. El plan maestro de movilidad para el AMB para 2022-2037 que en su momento costó más de dos mil millones de pesos continúa siendo letra muerta y su obsolescencia se aproxima.
La pregunta que tiene respuesta pero que la ciudadanía aún no cuestiona es ¿Quién o quiénes deben responder por el fracaso de Metrolínea SA y su multimillonario déficit, desde lo administrativo, disciplinario, fiscal y penal?
No se trata solo de buses quemados, estructuras vandalizadas, miles de millones perdidos; de lo que se trata en verdad es de un fracaso institucional al que los ciudadanos enfrentamos con indolencia y anérgicos ante la impunidad.
Fernando Martínez, ciudadano que ha investigado y conoce del tema, me hizo unas preguntas que considero pertinentes reproducir. ¿Por qué Metrolínea continúa existiendo en las condiciones actuales, con un patrimonio negativo que supera los cien mil millones de pesos? ¿Cuándo van a pagar las deudas que se han tasado en más de $600.000 millones? ¿Quién ha explicado seriamente su viabilidad financiera? ¿Por qué insisten en presentarla como operadora cuando no cuenta con habilitación ni capacidad transportadora propia? ¿Por qué le siguen mintiendo a la ciudad con una falsa retórica de complementariedad que pretende ocultar el fracaso del sistema? ¿Quién responde por las estaciones destruidas? ¿Qué se hicieron los $5.000 millones pagados por las aseguradoras? ¿Por qué los ciudadanos debemos financiar nuevamente su recuperación? ¿Por qué ninguna autoridad exige el cumplimiento del Convenio 348 de 2018? ¿Quiénes se han beneficiado económicamente de esta interminable crisis? ¿Dónde están la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía? ¿Qué ha hecho el Concejo de Bucaramanga para exigir responsabilidades? ¿Por qué nadie quiere hablar seriamente de la liquidación de Metrolínea?
Es obvio que la sociedad anónima está obligada a responder por su gestión y por las obligaciones legales que le correspondan. Qué tanto comprometen a sus socios, se responde de manera fácil si sabemos quienes tomaron las decisiones, quienes incumplieron las obligaciones, quienes deben responder por los daños y las pérdidas y quienes deben financiar la recuperación. ¿Dónde está actuando la justicia? Entre tanto, la ciudadanía continúa bajo los efectos de la burundanga.
