miércoles 12 de febrero de 2020 - 12:00 AM

Marchas, derechos y obligaciones

organizar protestas de manera sistemática para entorpecer seriamente la marcha del País, afectando a la inmensa mayoría de los colombianos, no se compadece con ningún derecho
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Columna de
Alberto Montoya

La Constitución Colombiana es “garantista y generosa” en enunciación de derechos pero, tacaña en obligaciones y ha dado pie para que numerosas leyes colombianas y fallos de algunos jueces y magistrados de las Altas Cortes, estén convirtiendo nuestra democracia en “democraterismo”, con el inminente peligro de convertir a Colombia en un país inviable.

La aplicación de una sola y simple obligación, nos conduciría a lograr la paz que anhelamos, el equilibrio social que tanto se está requiriendo, el buen manejo de las finanzas públicas y privadas y el progreso que el País necesita, para generar calidad de vida a los ciudadanos. Esta obligación es “nuestros derechos van hasta donde empiezan los de los demás”. Este enunciado se debe cumplir y hacer cumplir, ejerciendo autoridad.

Protestar para solicitar el cumplimiento de justas causas, por supuesto que es legal y eso lo entendemos sin mayor dificultad pero, organizar protestas de manera sistemática para entorpecer seriamente la marcha del País, afectando a la inmensa mayoría de los colombianos, no se compadece con ningún derecho.

No me cabe duda de que un amplio número de protestantes, lo hacen convencidos de lograr un efecto positivo al marchar, sin necesidad de apelar a la violencia y sin necesidad de interferir otras actividades. Pero la infiltración de desadaptados, especializados en generar desórdenes y vandalismo, que acuden preparados para encapucharse, ocultar su identidad, producir miedo dentro de los demás marchantes para que no los denuncien, vulnera, sin contemplación, los derechos de los demás ciudadanos.

Ante hechos como estos, ¿es posible enfrentar a la policía, sin protección, a estos vándalos dispuestos a tratarlos salvajemente? ¿Tiene sentido el querer eliminar la acción del SMAD, para proteger a unos cuantos desadaptados? Creo que de ninguna manera se debe tratar de limitar el accionar de la policía, pues los derechos de la inmensa mayoría de ciudadanos está en juego. El diálogo tiene sentido cuando se trata de hacerlo con personas bien intencionadas, capaces de razonar y de entender situaciones.

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