En la anterior columna comenté sobre el trabajo desarrollado por expertos anticorrupción, quienes por iniciativa de Fedesarrollo y con la participación de la Misión de Observación Electoral, Dejusticia, Transparencia por Colombia y Universidad de los Andes, presentaron 37 recomendaciones dirigidas hacia las siguientes áreas, en las que se encuentran las más graves manifestaciones de corrupción: 1) El sistema electoral; 2) El Sistema de Justicia y Organismos de Control y 3) La operación del Estado, el empleo público y, en especial, lo relacionado con la contratación pública.
Para el 1) Sistema Electoral, se presentan seis recomendaciones, basadas en la consolidación de la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) con relación a los partidos políticos, con consejeros elegidos de forma independiente y escogidos entre candidatos idóneos. Lo importante no es modificar el CNE sino aumentar su autonomía, fortalecer su capacidad de investigar y sancionar, avanzar hacia un financiamiento mayoritariamente público de las campañas políticas, garantizando la transparencia de sus ingresos y gastos. También, un tránsito gradual a listas cerradas y a homologar las condiciones de las candidaturas independientes a las de los partidos políticos.
Para la 2) La Rama Judicial, cuatro recomendaciones encaminadas a generar independencia política, transparencia y a crear mecanismos de sanción de los magistrados de las altas cortes. Deseo destacar que se buscará que las magistraturas de las altas cortes sean ocupadas por importantes juristas, finalizando su ejercicio profesional. Evitar el clientelismo y la captura de la justicia, con mecanismos de rotación de jueces; para incrementar la transparencia y el control ciudadano, rendir cuentas periódicamente; un estricto y completo plan para elevar la educación jurídica y la creación de códigos de ética en el derecho.
De otra parte, se presentaron cinco recomendaciones para los Organismos de Control. Estas confirman que es indispensable otorgarle mayor autonomía al Fiscal, al Contralor y al Procurador pero modificando el proceso de nominación y los mecanismos de elección, pasando por filtros previos de convocatoria pública para evaluar idoneidad, incrementar las inhabilidades, las restricciones y la declaración de conflictos de interés. También evitar la sobreposición de períodos con la Presidencia y el Congreso. Se plantea mejorar la capacidad y técnicas de investigación, concentrar las funciones de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción; para la Contraloría, escindir las funciones de auditoría y sanción fiscal y crear una jurisdicción fiscal. Y, destaco, eliminar las contralorías departamentales y municipales.
Sin duda, la aprobación y la aplicación de estas recomendaciones tienen un alto grado de dificultad, pero la presión ciudadana debe organizarse para ejercerla de manera efectiva.
En la próxima columna me referiré a otras recomendaciones para otras áreas.
CONTINUAMOS EXPECTANTES.
