El ex vicepresidente Germán Vargas, en su columna del Tiempo del domingo 20, utiliza un calificativo que considero útil para lo que voy a comentar.
El “Proyecto de ley No 602 Cámara, por medio del cual se modifican la Ley 105 de 1993 y la Ley 1508 de 2012 y se reestructura la política tarifaria de los peajes en la infraestructura de transporte”, fue presentado y promovido por el Representante a la Cámara de Alianza Verde por Santander, Fabián Díaz Plata. En la edición de Vanguardia del 18 de junio, se informa que esta iniciativa legislativa, en esencia, contempla: 1) Prohibir la instalación de peajes en vías de acceso a infraestructura de transporte interno (¿aeropuerto?); 2) Establece una distancia lineal mínima entre peajes de 150 kilómetros y 3) Que las tarifas solo se puedan aumentar anualmente con el incremento del IPC, como máximo.
De lo afirmado a Vanguardia por el Representante Díaz, sobre los peajes de La Mesa y Pescadero, se infiere que este señor ignora que el de La Mesa está en una vía departamental y Pescadero en una nacional. Además, no tiene claridad conceptual sobre cinco sistemas diferentes de peaje, dependiendo del destino de los recursos: 1) Concesión (Bucaramanga-Barranca-Yondó); 2) Cesión a entes territoriales (peajes de Lebrija y Rionegro por 16 años, para obras específicas); 3) Administración delegada a un privado (La Mesa); 4) Administración directa del Invías a nivel nacional y 5) Administración directa del Invías (Pescadero, Curití y Oiba) para inversión específica del Invías y poder construir la variante de San Gil. Todas las casetas de los peajes mencionados, están a menos de 150 kilómetros, entre ellos.
Al examinar la exposición de motivos del proyecto – hablando de Santander solamente – pregunto: 1) ¿Por qué 150 kilómetros de distancia? No aparece de dónde sale esa cifra mágica. ¿Por qué no 100 o 300?; 2) ¿De dónde saldrán los recursos para financiar, entre otras obras, la variante de San Gil, el par vial a Rionegro y la doble calzada (DC) La Virgen-La Cemento, la DC a Lebrija, etc.? 3) ¿De dónde saldrán los recursos nacionales para responder por la DC Bucaramanga-Barranca? 4) ¿Con qué recursos se mantendrán la operación y mantenimiento de las vías nacionales? Y 5) ¿En qué queda la seguridad jurídica de Colombia para adquirir compromisos financieros a largo plazo? Para nadie es un secreto que el Estado no cuenta con recursos para atender esta infraestructura.
Por lo expuesto, este proyecto es “REQUETE... CHIMBO”, electorero e irresponsable pues rompe el esquema de los contratos de concesión y de cesión. Pregunto: ¿Este parlamentario quiere ganar votos de los vándalos? ¿Por qué algunos parlamentarios no se asesoran, antes de proponer “semejante bodrio”?
Señores parlamentarios, por favor... responsabilidad y conocimiento... ESTAMOS EXPECTANTES.