Publicidad

Alberto Montoya
Martes 29 de junio de 2021 - 12:00 PM

Proyecto de ley... Requete... Chimbo

Compartir
Imprimir
Comentarios

Compartir

El ex vicepresidente Germán Vargas, en su columna del Tiempo del domingo 20, utiliza un calificativo que considero útil para lo que voy a comentar.

El “Proyecto de ley No 602 Cámara, por medio del cual se modifican la Ley 105 de 1993 y la Ley 1508 de 2012 y se reestructura la política tarifaria de los peajes en la infraestructura de transporte”, fue presentado y promovido por el Representante a la Cámara de Alianza Verde por Santander, Fabián Díaz Plata. En la edición de Vanguardia del 18 de junio, se informa que esta iniciativa legislativa, en esencia, contempla: 1) Prohibir la instalación de peajes en vías de acceso a infraestructura de transporte interno (¿aeropuerto?); 2) Establece una distancia lineal mínima entre peajes de 150 kilómetros y 3) Que las tarifas solo se puedan aumentar anualmente con el incremento del IPC, como máximo.

De lo afirmado a Vanguardia por el Representante Díaz, sobre los peajes de La Mesa y Pescadero, se infiere que este señor ignora que el de La Mesa está en una vía departamental y Pescadero en una nacional. Además, no tiene claridad conceptual sobre cinco sistemas diferentes de peaje, dependiendo del destino de los recursos: 1) Concesión (Bucaramanga-Barranca-Yondó); 2) Cesión a entes territoriales (peajes de Lebrija y Rionegro por 16 años, para obras específicas); 3) Administración delegada a un privado (La Mesa); 4) Administración directa del Invías a nivel nacional y 5) Administración directa del Invías (Pescadero, Curití y Oiba) para inversión específica del Invías y poder construir la variante de San Gil. Todas las casetas de los peajes mencionados, están a menos de 150 kilómetros, entre ellos.

Al examinar la exposición de motivos del proyecto – hablando de Santander solamente – pregunto: 1) ¿Por qué 150 kilómetros de distancia? No aparece de dónde sale esa cifra mágica. ¿Por qué no 100 o 300?; 2) ¿De dónde saldrán los recursos para financiar, entre otras obras, la variante de San Gil, el par vial a Rionegro y la doble calzada (DC) La Virgen-La Cemento, la DC a Lebrija, etc.? 3) ¿De dónde saldrán los recursos nacionales para responder por la DC Bucaramanga-Barranca? 4) ¿Con qué recursos se mantendrán la operación y mantenimiento de las vías nacionales? Y 5) ¿En qué queda la seguridad jurídica de Colombia para adquirir compromisos financieros a largo plazo? Para nadie es un secreto que el Estado no cuenta con recursos para atender esta infraestructura.

Por lo expuesto, este proyecto es “REQUETE... CHIMBO”, electorero e irresponsable pues rompe el esquema de los contratos de concesión y de cesión. Pregunto: ¿Este parlamentario quiere ganar votos de los vándalos? ¿Por qué algunos parlamentarios no se asesoran, antes de proponer “semejante bodrio”?

Señores parlamentarios, por favor... responsabilidad y conocimiento... ESTAMOS EXPECTANTES.

Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí y únase a nuestro canal de Whastapp acá.

Publicidad

Publicidad

Tendencias

Publicidad

Publicidad

Noticias del día

Publicidad