La ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, dotó a las empresas de servicios públicos domiciliarios -ESPD-, así fueran totalmente estatales, de su propio régimen de contratación, es decir las autorizó a celebrar contratos por fuera de la Ley 80 de 1993. Los legisladores lo aprobaron con el propósito de facilitarles competir en igualdad de condiciones con empresas de servicios públicos de carácter privado. Lamentablemente, para mí, la buena intención se tergiversó y lo que se logró fue poner de moda, a nivel nacional, “contrataderos” que, al amparo de esta ley, desarrollaron la “corrupción legal” pues, bajo una aparente legalidad, con recursos públicos pueden adjudicar contratos de acueductos, alcantarillados y obras de saneamiento, A DEDO. Y, ¿cómo lo hacen? Sencillo: trasladan fondos públicos de la Nación, el departamento o los municipios a estas empresas (ESPD) y así evaden la aplicación de los procesos reglados y conocidos de la Ley 80/93.
En la creación de este tipo de “contrataderos” se especializó Santander y las consecuencias de sus actividades, aparecen de bulto. Veámoslo: la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. fue creada en el 2013 por iniciativa del Gobernador Richard Aguilar. El dueño de la empresa es el Departamento de Santander y quien nombra el gerente y a sus empleados es el gobernador de turno.
La ESANT, con menos de diez años de creación, tiene un importante balance de desastres. Para confirmarlo, basta con leer el informe presentado por Vanguardia el 1 de febrero pasado. Los acueductos de los siguientes municipios están inconclusos y con enormes posibilidades de convertirse en “elefantes blancos”. Los Santos, con una inversión de $30 mil millones, es un adefesio técnico de imposible sostenibilidad; Landázuri, con $4.500 millones invertidos, contratado en el 2015 y lejos de concluirse; Vélez, con una inversión de $28.000 millones, contratado en el 2015, sin terminación a la vista; Málaga, con inversión de $3.000 millones y ejecución del 0%; Lebrija, contratado en el 2019, con obras emproblemadas por $19.000 millones y Barichara, con $10.000 millones asignados, contratado en el 2011. En resumen, en seis acueductos están embolatados más de $92.000 millones, sin que la ciudadanía reciba ni una gota de agua.
Para rematar, quien fue el gerente de ESANT cuando adjudicaron 4 de los 6 acueductos mencionados y hoy representante a la Cámara, con marcado cinismo, salió a pedirle a la Contraloría que vigile la ejecución de las obras.
Santandereanos, frente a las próximas elecciones... QUEDAMOS EXPECTANTES.
