viernes 19 de julio de 2019 - 12:00 AM

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...tampoco a nadie le importa que partan en dos los cerros que nos limpian el aire contaminado por la combustión de nuestros vehículos.
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Res Ipsa Loquitur” es una doctrina del derecho británico, traduce literalmente “La cosa habla por sí misma”. Sin embargo en nuestro país, los casos más absurdos de corrupción y falta de planeación en las obras públicas parecen incomprensibles para los entes de control y para la justicia.

En Bucaramanga tenemos una amenaza real que desborda la capacidad de respuesta de las autoridades públicas. Se planea dentro de poco, iniciar obras del proyecto “Autovía Bucaramanga – Pamplona” que plantea construir 13.5 kilómetros en los cerros Orientales de la ciudad, y entregando a 150 metros de la entrada de la Universidad Pontificia Bolivariana, más de 3000 vehículos adicionales durante cada jornada en su primer año de funcionamiento.

Días atrás, murieron atropellados por un Metrolínea dos motociclistas, resultado de su imprudencia y de los graves problemas de diseño de una vía desastrosa. Todos los usuarios de la autopista Bucaramanga – Piedecuesta vivimos el drama diario de trancones y accidentes, aún así a los gobiernos locales y al gobierno nacional parece no importarle.

Lo único que ha importado hasta el momento, es garantizar que al concesionario del investigado Carlos Solarte, implicado en el escándalo de Odebrecht, se le protejan sus intereses financieros de instalar dos peajes adicionales al ya existente en el Picacho. Así las cosas, tampoco a nadie le importa que partan en dos los cerros que nos limpian el aire contaminado por la combustión de nuestros vehículos. A nadie le importa la seguridad de la vía.

Ahora mismo estamos en manos del Tribunal Administrativo de Santander, quienes tienen en sus manos la vida e integridad de los usuarios de la autopista, quienes pueden proteger los 1.4 billones de pesos que nos costará tener una vía obsoleta y mal planeada, que en nada tiene coherencia con las vías planteadas para el futuro de nuestra ciudad.

Confiamos en la justicia, porque es la única garantía que tenemos ante la mala intención de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por hacer un proyecto, que atenta contra los intereses colectivos de los santandereanos. Esperamos que la justicia honre nuestra confianza.

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