jueves 14 de febrero de 2019 - 12:00 AM

El regreso de la Seguridad Democrática

La Política de Seguridad del Presidente Duque parece más orientada a satisfacer el ego de Uribe que a las necesidades de un país en posconflicto. Así mismo, refleja la debilidad de su liderazgo para plantearnos un futuro más allá de la guerra eterna.

Este rencauche de la Seguridad Democrática que pese a sus éxitos contra la guerrilla ya estaba agotada en 2009, ignora que, a diferencia de 2002, las FARC producto de un Acuerdo de Paz hoy son una organización política legal. Así mismo, repite varios errores. El Plan de Acción Integral es un refrito del fracasado Plan Consolidación de Uribe, lo mismo que las peligrosas redes de informantes que condujeron a capturas arbitrarias y a millonarias demandas contra la nación. Así mismo, niega el conflicto; retomando la narrativa antiterrorista y el enfoque represivo frente al narcotráfico.

Ahora bien, es verdad que esta Política identifica formalmente amenazas como el cambio climático, la protección del agua y la construcción del Estado en los territorios. Y que menciona aspectos fundamentales como la ciberseguridad. Sin embargo, el énfasis militarista, fue muy simbólico que se lanzara desde Tolemaida, compromete su eficacia; al tiempo que persiste y amplia el empleo de los militares en tareas internas trayendo consigo episodios tan dolorosos como los Falsos Positivos y desviándolos de su misión principal: la defensa del país frente a amenazas externas.

La actual Política tiene vacíos en materia de seguridad ciudadana; y refuerza la privatización de la fuerza pública poniéndola al servicio de las transnacionales petroleras que contribuirían a financiarla mediante “alianzas público privadas”. Además, resulta como mínimo inquietante en el contexto de las actuales tensiones regionales que dentro de las amenazas externas se aluda a Venezuela, China y Rusia; aparte que parece hacer sido redactado desde el Departamento de Estado.

El regreso de la Seguridad Democrática nos propone éxitos inciertos y fracasos asegurados. Nunca segundas partes fueron buenas, y menos cuando de la política pública de seguridad se trata.

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