Por aquellas casualidades latinoamericanas, coincidieron estos días: la vergonzosa solicitud de la Fiscalía en el caso Uribe y la decisión de la Justicia brasilera de anular las sentencias en contra del expresidente Lula; este sí, objeto de una evidente persecución política.
En una columna de 2018, cuando el juez Sergio Moro era para muchos el “héroe” de la anticorrupción continental, denuncié su arbitrariedad en el caso del izquierdista que puso a Brasil cerca de ser la quinta economía mundial y sacó de la pobreza a treinta millones de personas.
Es así como el magistrado Edson Fachin de la Corte Suprema resolvió un “hábeas corpus” de los abogados de Lula dándole la razón a uno de los argumentos de la defensa: que Moro, juez de la Curitiba, era incompetente para juzgar casos como el de un apartamento en Guaruja, Sao Paulo y además, que este no probó que los dineros presuntamente entregados a Lula por constructoras como Odebrecht, tuvieran relación con recursos desviados de la estatal Petrobras.
Tras esta trascendental decisión, las encuestas en Brasil muestran que Lula tiene capital político suficiente para atravesársele a Bolsonaro, quien aspira a la reelección pese a que su desastroso gobierno sumergió al país en la peor crisis económica, política y sanitaria de su historia reciente, con más de 226.000 personas muertas por COVID-19.
Sin embargo, es prematuro apostar que en 2022 Lula da Silva no correrá una suerte similar a 2018, cuando las triquiñuelas de Moro lograron sacarlo de la elección presidencial allanando el camino para la victoria de un político mediocre y fascista como Bolsonaro; quien luego, entregaría al verdugo de Lula, el Ministerio de Justicia. Es prematuro en primer lugar, por razones jurídicas, pues el fallo del magistrado Fachin puede ser apelado ante el pleno de la Corte Suprema. Y de mantenerse, enviaría los procesos contra Lula a la Justicia de Brasilia.
En lo político habría que ponderar que una candidatura del expresidente podría favorecer la estrategia polarizadora de Bolsonaro, y si los militares, hoy más radicalizados y actuantes políticamente que en 2003, gracias en parte a su “Capitán” Presidente, aceptarían la llegada por tercera vez, del exsindicalista metalúrgico al Palacio del Planalto.
