Como sucedió en 2017 con ocasión de la disposición de la restricción vehicular en el centro de Bucaramanga, el comienzo de este año también amenaza con concentrar, por largo tiempo, la atención ciudadana con motivo de una precipitada determinación.
Según se ha revelado, la decisión de hacer efectivo un apreciable incremento en los avalúos de los inmuebles, de un limitado sector urbano, se hizo a partir del dilatado estudio contratado a la Universidad Distrital por el Municipio y el Área Metropolitana, el 13 de julio de 2017, en virtud del convenio interadministrativo suscrito por la Alcaldía con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) el 20 de junio de 2017. Al parecer, sin mediar una juiciosa revisión de la metodología empleada –y, sobre todo, de sus implicaciones- así se adoptó y se procedió a exigir en forma perentoria el cumplimiento de la obligación impositiva.
Es sintomática la situación al observar que en el presupuesto aprobado para la vigencia de 2019 se contempla en el rubro de predial un monto de $137 mil millones y con el reajuste de marras su recaudo podría superar los $225 mil millones. Un aumento de esta proporción tendría que haber llamado a la prudencia a los administradores fiscales y por ello no es de buen recibo que, como respuesta, indiquen que cada afectado debe entablar su reclamación ante el IGAC, a pesar de que tal circunstancia fue creada por la entidad municipal.
La reacción de las personas que ven gravemente menguada –y de manera intempestiva- su economía familiar es justificada. Más aún cuando están sufriendo las consecuencias de una profunda desaceleración productiva y del impacto negativo generado por las dos últimas reformas tributarias a nivel nacional.
Ahora, el Concejo tendrá que ocuparse de fijar nuevos vencimientos y descuentos en los valores liquidados y se abre paso la opción de pedirle al Gobierno Nacional el aplazamiento de su vigencia.
Preocupa que la comunidad y los organismos locales consuman sus energías en debates y gestiones que evidentemente hubieran podido evitarse si se atendieran las razones de respeto y consideración que los ciudadanos merecen.
