lunes 18 de enero de 2010 - 10:00 AM

Interpretaciones de forma y de fondo

Como decíamos en la anterior columna, no se ven grandes obstáculos a la vista frente a  la posibilidad de validación  de  una nueva opción reeleccionista del presidente Uribe,  y el concepto emitido por el  Procurador General de la Nación confirma esta apreciación.

Avanza el Procurador en la profundización del concepto de la preponderancia del Estado de opinión frente al Estado de Derecho, al atribuirle supremo poder al pueblo para sustituir aspectos esenciales del texto Constitucional. Su concepto se desliza con habilidad por los vericuetos de las formalidades, para darle salvamento al controvertido proceso.

Aunque señala vicios en la formulación de la convocatoria popular,  en su financiación, en la redacción del texto, en el  trámite mismo de la Ley 1354, y se refiere a la ambigüedad de la certificación del Registrador en torno al cumplimiento de los requisitos legales,  apacigua estos temas y les resta contundencia, para salvaguardar el propósito de un proceso que, en su sentir, no debe detenerse en episodios aleatorios y ajenos a su contenido central, privilegiando el fondo frente a la forma o, aplicando vieja tesis según la cual, el fin justifica los medios.

Por el contrario, le recomienda finalmente a la Corte Constitucional que  sólo se ocupe de los aspectos formales porque los  materiales o de fondo de la Ley escapan a su competencia, a pesar de que esta misma Corte definió, anteriormente,  que la Constitución no se vería afectada si se da la reelección presidencial, por una sola vez. Se colegiría, que este nuevo episodio sí afecta la estructura y el equilibrio previsto en la Carta Magna y, entonces, se hace indispensable conocer su parecer frente al crucial tema.

Puntualiza el Procurador, con confianza, que la convocatoria al Referendo se haga ocho días después de que la Corte anuncie su decisión a través de comunicado de prensa, y no cuando la sentencia sea publicada, para ganar tiempo. Continúa pues, abriéndose paso esta aventura caudillista de imprevisibles consecuencias para la vida democrática del país, con la invocación de una voluntad popular sustentada en el temor que ha exacerbado su sensibilidad ante el riesgo de perder los avances en el tema de la seguridad y abonada por la dispersión de verdaderas opciones alternativas.

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