lunes 11 de julio de 2022 - 12:00 AM

La política social

Si bien se prosigue con la reestructuración del Sisbén 4.0 para la determinación de las ayudas estatales, buena parte de ellas aún están vinculadas con la estratificación que se adoptó en 1994 como mecanismo para determinar las tarifas de servicios públicos.

Con el objeto de arbitrar fondos para disminuir el déficit fiscal que soporta el país, y dar cumplimiento a los importantes programas en materia colectiva que prometió el presidente electo Gustavo Petro, la prioridad legislativa del gobierno que se inaugura el próximo 7 de agosto será la reforma tributaria, que el nuevo Ministro de Hacienda pretende radicar ese mismo día.

El proyecto debería ir acompañado de una estrategia para garantizar que no se continúe por el disparatado camino de desfocalización del gasto social que hace un año detalló, con toda precisión, el estudio de Fedesarrollo, publicado bajo el título Hacia un Nuevo Contrato Social.

En efecto, según dicho informe, una apreciable porción de estos recursos está llegando a hogares que de ninguna manera pueden catalogarse como objetivos en la asignación de auxilios. En el caso del sistema pensional, que representa el 2,3% del PIB, un 81% de los beneficiarios no son pobres. Situación similar se advierte en el programa Familias en Acción, con un 38%; Colombia Mayor, con 42%; en el régimen subsidiado de salud, el 43%; Jóvenes en Acción, 43%; y, en el marco de las ayudas por estratos a los servicios públicos, el 81% favorecen conexiones que no pueden calificarse como merecedoras de subvención.

Si bien se prosigue con la reestructuración del Sisbén 4.0 para la determinación de las ayudas estatales, buena parte de ellas aún están vinculadas con la estratificación que se adoptó en 1994 como mecanismo para determinar las tarifas de servicios públicos. Esta categorización que se establece a partir de las características de las fachadas de las viviendas, su entorno inmediato y contexto urbanístico; y con alta discrecionalidad de las autoridades locales, se ha venido extendiendo, en forma arbitraria, con diversos propósitos y para múltiples fines. Se ha convertido en factor discriminatorio para la referenciación social y cultural de las personas; ha perdido toda vigencia y convendría contemplar su eliminación.

Se hace indispensable asegurar que los dineros que el país destine a subsanar condiciones de vulnerabilidad de muchos compatriotas lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

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