En el Congreso que se instala este miércoles recae la responsabilidad de sacar avante los cambios que la ciudadanía demandó en las dos vueltas del debate presidencial, los cuales, esencialmente, tienen que ver con la reducción de las desigualdades sociales, la apertura de nuevas oportunidades y el restablecimiento de la majestad de las instituciones públicas.
Hasta el momento, el mandatario electo y los ministros, que entrarán en funciones el 7 de agosto, han hecho énfasis en abordar reformas en los ámbitos tributario, de salud y agrario.
La reforma tributaria, que reviste el mayor interés y ofrece un contexto económico muy delicado para su implementación, buscará recaudar $55 billones para atender prioritariamente aspectos de justicia social, sobre los cuales el país ya ha adquirido conciencia. Sería deseable que la iniciativa se acompañara de una propuesta regulatoria para la asignación de las ayudas estatales y subsidios, teniendo en cuenta que, con la perversa política vigente, más del 60 % benefician a personas que no los necesitan.
En relación con la reforma a la salud, luego de los planteamientos esbozados por la ministra designada en la cumbre programática del Pacto Histórico, se adoptó la determinación de aplazar su discusión mientras se logran identificar en debida forma su objeto y alcance y se aborda un amplio debate nacional para buscar consensos.
Para la reforma agraria, que en palabras de la futura ministra “consistiría en la compra de tierras productivas por parte del Estado para distribuirla a sectores de la población que quieren tener la posibilidad de producir”, sería pertinente que se retomara la directriz expuesta en campaña por el presidente electo, en el sentido de estimular primero la adecuada explotación por la vía impositiva.
Al respecto, convendría explorar la viabilidad de utilizar la figura del auto avalúo que, con buenos resultados, se adoptó en el Estatuto Orgánico de Bogotá en 1994.
De esta manera, serían los propietarios, en sus declaraciones tributarias, quienes determinarían el valor de sus predios; se avanzaría positivamente en los engorrosos trámites catastral y fiscal; y se mejorarían las finanzas de todos los municipios del país.
