En reciente declaración a El Espectador, la Ministra de Transporte pidió no polarizar la infraestructura del país con el objeto de asegurar, en el futuro, la continuidad de las concesiones adjudicadas por el actual gobierno. Manifestó que estos proyectos se lograron concretar gracias a la apertura que propició su despacho para que los partidos políticos presentaran, en forma unificada, iniciativas de beneficio regional.
Según sus palabras: “un ejemplo es la bancada del Valle del Cauca, ya que pudimos conciliar con todos los actores las obras que debían ir en la malla vial que ya se adjudicó; iban juntos miembros del Centro Democrático, el Polo, el Partido Verde y el Partido Liberal”.
Al parecer, la bancada santandereana no presentó de manera conjunta proyectos de beneficio para la región y tal vez por ello nuestras necesidades en materia de vías de comunicación no tuvieron acogida.
Al respecto, conviene anotar que la Fundación Participar solicitó al presidente Duque una audiencia para presentarle las necesidades de Santander en este aspecto. El mandatario respondió que el asunto pasaría a conocimiento de la Consejería para las Regiones.
Ante esta manifestación, el Presidente de Participar logró una reunión con la Ministra de Transporte, quien le expresó que era preciso establecer mesas de trabajo para abordar los temas propuestos. A la fecha, ni la Consejera se ha ocupado del asunto, ni la Ministra ha convocado las mesas de trabajo.
Tal vez esta misma indiferencia ha llevado a los habitantes del sur del Departamento a recurrir a una masiva movilización para demandar la corrección al deplorable estado de la transversal del Carare. Mala suerte la de Santander ante lo que luce, más bien, como funesta politización de la infraestructura.
Para colmo de males, registramos el fracaso del Idesan como organismo ejecutor de las vías inconclusas de la fallida concesión ZMB.
El canje de las responsabilidades del gobierno nacional en el sistema vial metropolitano, a cambio del recaudo de los peajes de Rionegro y Palonegro, nunca nos pareció una buena salida, en atención al evidente desbalance financiero. Ahora se atribuirá a la incompetencia departamental su postergación.
