lunes 06 de julio de 2020 - 12:00 AM

Reivindicación

El libre desarrollo de la personalidad no solo es predicable para los niños y jóvenes en formación, sino que constituye derecho inalienable de toda persona.
Escuchar este artículo

Frente al preocupante desbarajuste institucional, que se ve acrecentado con el indelicado comportamiento de funcionarios que han asumido altas investiduras ante la Nación, es grato corroborar la justeza de las recientes decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre la improcedencia de la llegada de militares de Estados Unidos a nuestro país y la sentencia del Juzgado 61 del Circuito Administrativo de Bogotá, en el sentido de “inaplicar provisionalmente el numeral 35 del artículo 3 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado por el artículo 1 del Decreto 847 del 14 de junio de 2020”.

Al fallar la acción de tutela interpuesta por 25 ciudadanos, la jueza Edith Alarcón Bernal no duda en calificar la cuarentena especial para los individuos con edad superior a 70 años como “desproporcionada”, y recaba que su pretendida inspiración “paternalista” va en contravía del Estado Social de Derecho. El libre desarrollo de la personalidad no solo es predicable para los niños y jóvenes en formación, sino que constituye derecho inalienable de toda persona para determinar la forma de realizar su proyecto de vida.

So pretexto de una considerada protección a este grupo etario, cuya posibilidad de contagio es igual a cualquier otro, se escondía el frío cálculo de ahorrar los recursos de su atención médica, en favor de individuos con expectativa de productividad más prolongada. En la bien sustentada providencia, que deberá superar el examen de la apelación, refiere el aumento de casos de depresión y de enfermedad mental que terminó por acarrearle a este sector poblacional el confinamiento y, la carga implícita de ser responsables de los males ocasionados por la pandemia, incurriendo en una discriminación repudiable.

Ahora, corresponde a los accionantes tramitar judicialmente la nulidad por inconstitucionalidad de dichos decretos; y al Presidente, a la Ministra del interior y al Ministro de Salud establecer, de consenso con los demandantes, la procedencia o no del aislamiento preventivo. En el entretanto, los adultos mayores deberán cumplir las normas generales determinadas en las aludidas disposiciones.

Estas actuaciones de la Justicia, que rescatan el valor de la democracia, merecen el beneplácito ciudadano.

Otras columnas
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad