lunes 27 de julio de 2020 - 12:00 AM

Y el sector público, ¿para cuándo?

El sector público debe asumir con prontitud la alta responsabilidad que le corresponde en este propósito
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Luego de expedido el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, por medio del cual se adoptó el aislamiento preventivo y obligatorio para todas las personas en el territorio nacional, se han ido promulgando nuevos actos administrativos que extienden la emergencia y, simultáneamente, liberan sectores productivos para que inicien labores, previa presentación y aprobación de reglamentaciones especiales de bioseguridad, de acuerdo con su actividad.

Ahora, cuando es muy probable que las restricciones ocasionadas por la pandemia por COVID-19 se prolonguen más allá de lo previsto, el Gobierno central ha resuelto emprender un plan de reactivación económica que busca sumar a este esfuerzo, que para nada es fácil, a todas las instancias ciudadanas como una salida para aminorar la crisis de dimensiones insospechadas que pudiera derivarse de la comprometida situación.

Llama la atención que el Ejecutivo no se haya ocupado de introducir correctivos al estado de parálisis en que ha caído el sector oficial por cuenta de la dudosa interpretación a lo dispuesto en el Decreto 491 de marzo 28, que, en su artículo 6, permite a las entidades públicas -que encajan dentro de la calificación de autoridades- expedir sus propias normas para reiniciar la prestación de sus servicios, una vez establezcan la viabilidad de las condiciones de salubridad, y que sus directivos, en la inmensa mayoría de los casos, han asimilado a la vigencia de la emergencia establecida por el Ministerio de Salud.

Esta interpretación ha conducido a la suspensión de trámites y se ha traducido en obstáculo insalvable para la reanimación de muchos procesos productivos. Es preciso que en el plan de reactivación se incluya la exigencia a las autoridades involucradas para que también adopten protocolos sanitarios y fijen metas de gestión que guarden armonía con el restablecimiento de las labores en el sector privado.

La probabilidad de sobrellevar la crisis económica ocasionada por la pandemia estriba, en buena parte, en la capacidad que tengamos para disminuir la afectación o desaparición de puestos de trabajo.

El sector público debe asumir con prontitud la alta responsabilidad que le corresponde en este propósito.

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