miércoles 18 de septiembre de 2019 - 12:00 AM

Corrupción en Latinoamérica

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La corrupción es la carga social más pesada de nuestro tiempo, habida cuenta de que arruina el tejido moral de la sociedad y erosiona las diferencias entre lo que está bien y lo que está mal. En asuntos de gobierno, la corrupción disminuye la capacidad de un país para construir instituciones y pone en riesgo la democracia. En Latinoamérica, 10 jefes de Estado se encuentran presos, encausados o prófugos por delitos de corrupción contra el erario, prueba reina de su alcance como fenómeno socio-político y económico, que se debe perseguir sin tregua ni contemplaciones.

Así, cae como anillo al dedo el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción creado por la organización empresarial más influyente del hemisferio, conformada por Americas Society y Council of the Americas, mediante el cual evalúan la disposición de los países latinoamericanos para publicar, sancionar y detener la corrupción que hace años devora a la región.

El Índice está compuesto por la valoración de la capacidad legal, la democracia, las instituciones políticas y la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado. El Índice se basa en una encuesta patentada realizada entre numerosos expertos en anticorrupción, la academia, la sociedad civil, la prensa hablada y escrita y el sector privado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela, países que representan el 90 por ciento del PIB de Latinoamérica.

Las naciones con mayores puntajes evidencian probabilidades más altas de procesar y condenar a los corruptos. El país mejor calificado es Chile (6,66 de 10), seguido de Brasil (6,14), Colombia (5,36), Argentina (5,33), Perú (5,17), México (4,65), Guatemala (4,55) y en último lugar, Venezuela (1,71).

Colombia obtiene buenas notas en transparencia gubernamental (7,08), cooperación internacional (7,0), calidad de la prensa y el periodismo investigativo (6,83). Sin embargo, la evaluación nacional es pobre por la falta de independencia de la Fiscalía General (3,5), ausencia de movilización social contra la corrupción (3,5), baja eficacia y carencia de autonomía del sistema judicial (3,5), elementos todos, que es menester corregir sin vacilaciones para reducir la corrupción a sus justas proporciones.

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